Historia de la inclusión educativa

HISTORIA DE LA INCLUSIÓN.

La Educación inclusiva implica que todos los jóvenes y adultos de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. El discurso de inclusión a lo largo del tiempo ha cobrado mayor relevancia  tanto a nivel social como político, los países han elaborado un conjunto de políticas orientadas a resolver problemáticas de desigualdad social, conforme a lineamientos propuestos por organismos internacionales como la Unesco, la OCDE y el Banco Mundial. (rizvi &lingard,2013),entre otros.

Dentro del marco histórico, en el año 1978 se publicó el informe Warnock, del Comité de Educación a cargo de Mary Warnock para el Reino Unido. En dicho informe se hacía mención a conceptos generales: “La educación es un bien al que todos deben tener acceso, los fines de la educación son los mismos para todos y que las necesidades educativas son iguales para todos los niños. Aborda el concepto de Marco histórico diversidad y con él, que requiere de una respuesta individualizada y comprensiva. Considera a los niños con necesidades educativas especiales (NEE) como aquellos que presentan alguna dificultad en su educación, teniendo necesidades diferentes al resto de sus compañeros. El informe establece que la educación especial debe tener un carácter adicional o suplementario y no paralelo, ya que dichas escuelas deben seguir existiendo para educar a niños con graves y complejas discapacidades. El informe Warnock conllevó un avance muy importante para la definición y clasificación de los alumnos, ya que anteriormente eran catalogados según las carencias que presentaban. Con este punto de vista se considera que todos los alumnos pueden tener necesidades especiales, pero algunos en particular necesitan que dichas necesidades sean contempladas por la escuela.

En 1990, año declarado como "Año internacional de la alfabetización", fue celebrado en la ciudad de Jomtien, Tailandia, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de la ONU con la presencia de 155 países y 150 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales con el fin de universalizar la educación. De ella se generó un marco de acción para "establecer nuevas bases de superación de las desigualdades y generar nuevas posibilidades para erradicar la pobreza".

Junto con la conferencia de Jomtien, la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales realizada en 1994 en la ciudad de Salamanca, España, por la UNESCO sientan las bases de las políticas mundiales de educación inclusiva. Es justamente en esta conferencia donde se recomienda que: "Los niños y los jóvenes con necesidades educativas especiales tienen que tener acceso a las escuelas ordinarias, las cuales deberán incluirlos en el marco de una pedagogía centrada en el niño y con la capacidad para dar respuesta a sus necesidades". (UNESCO, Salamanca, 1994.)

La educación históricamente ha sido considerada como un mecanismo que participa en forma activa y preponderante en la formación de las personas a través de la escolarización, el aprendizaje y la alfabetización. El Banco Mundial, Naciones Unidas y una serie de instancias de cooperación internacional y diversos expertos, no discuten la importancia de la educación en la construcción de la sociedad y en la formación de competencias para el trabajo y la vida en comunidad (Corvalán, 2000; Cosso, 2010; García-Huidobro, 2007; Naciones Unidad, 2008; Tiramonti, 2004).

 En el encuadre de estas agencias internacionales, el 2002 se identificaron focos estratégicos orientados a promover el logro de objetivos comunes, tales como la cobertura masiva, educación de calidad y egreso de los escolares del sistema. Los Ministros de Educación de los países asistentes aprobaron un nuevo Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC) para el período 2002-2017 que fuera acordado previamente en el Foro Mundial de la Educación realizado en Marruecos el año 2000 (UNESCO, 2000). De este modo, la UNESCO a través de una serie de documentos, tales como el Informe Delors: La educación encierra un tesoro (1996); Priorities and strategies for Education del Banco Mundial (1995); El Informe de Educación y Conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad (1992) de la CEPAL, reafirman la relevancia de la Educación como fundamento de cualquier pretensión de desarrollo regional o nacional. Otras similares propuestas en 2008 llevan a estas agencias a plantear la importancia de la educación para el desarrollo humano como prioridad para el milenio  (Naciones Unidas, 2008) y se repiten una vez más en el último Informe Anual de Desarrollo Humano (PNUD, 2013). Sin duda  diversos enfoques han situado a la educación como un proceso de socialización y consideran que las unidades educativas son el espacio para la convivencia e integración social (Mancebo, 2010; Pereda, 2003; Santarrone, 2005; Orlando, 2009).

En cuanto al contexto de  historia de las políticas de educación en Chile, se  centran principalmente en los elementos de continuidad y ruptura que han sido característicos de diversos procesos. La herencia de un gobierno militar no solo ha dejo su huella en la conciencia colectiva de un pueblo, sino también en la continuidad de un modelo macroeconómico, sustentado en los principios del libre mercado, lo que debilito  sistemáticamente la influencia del Estado en temas tales como previsión social, salud y educación. La privatización de la educación en Chile se ha constituido en uno de los elementos clave que caracterizan nuestro sistema educativo, y se ha acrecentado la brecha existente entre la educación a la que accede la población con mejores ingresos y aquella que reciben los sectores más vulnerables. Con el retorno a la democracia se puso énfasis en la necesidad de contar con un sistema educativo capaz de asegurar calidad y equidad, pretendiendo así acortar la brecha social por medio de la educación, sin que ello signifique un quiebre con la estructura neoliberal imperante. De esta forma, surgieron políticas que buscaban cambios significativos a nivel de logros de aprendizajes, sin que esto implique reformas sustanciales .Una política que le atribuye a la educación la responsabilidad de acortar la brecha social que el modelo económico no  había  sido capaz de subsanar.

Sin duda durante un largo tiempo  se venían gestionando diversas decisiones para el operar del sistema educativo como la  Ley N°18.962 -o también conocida como Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE)- que fuera aprobada en 1990, no sufrió significativas modificaciones en cuatro períodos consecutivos de los gobiernos de la Concertación. Esta LOCE facilitó el desmantelamiento gradual de la Educación Pública y fue el marco regulatorio que modificó sustancialmente las unidades educativas y su organización, instalando en éstas la lógica del mercado. A mediados de los ‘90 se impulsa la Reforma Educativa, que es considerada una reforma que incorporó la visión técnica económica al sistema de educación pública y un enfoque por competencias en las modernizaciones del currículo oficial. Asimismo, comienza a ganar notoriedad el concepto de Libertad de los Padres para elegir la educación que quieren para sus hijos/as según sus preferencias.

 De este modo, Chile asume una postura que plantea que la función del sistema educativo no se limita sólo a la enseñanza-aprendizaje de conocimientos. Esto dado por el nuevo encuadre de tendencias políticas y acuerdos internacionales, tales como el Acuerdo de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Discapacidad (1997) que fue ratificada por nuestro país sólo el año 2002; la promulgación de la Ley de Convivencia Escolar (N°20.536), la Ley de Plena Integración de las Personas con Discapacidad (N°19.284) y la Ley de Integración Escolar (N°20.422). Estas convenciones y normativas indican que la alfabetización no es la única prioridad en materia de educación en el siglo XXI. Todos estos cuerpos legales comenzaron a marcar un nuevo camino para la sociedad chilena.  A través de estas nuevas disposiciones jurídicas se marcaba una distinción: desde ahora, las políticas educativas deberían considerar una perspectiva inclusiva-integradora. Se ordena desde el Derecho que el sistema educativo debe incluir nuevos conceptos y prácticas que influirán en sus decisiones y en las relaciones que se establecerán entre los sistemas involucrados, y finalmente con la Sociedad.

Desde el sistema político, se han impulsado y promulgado una serie de normativas que modifican las condiciones y comunicaciones que determinan el funcionamiento del sistema educativo. Cuerpos legales tales como las leyes de Subvención Escolar (Ley N°20.550; Ley N°20.637; Ley N°20.248) y la Ley Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (Ley N°20.529) son ejemplos de normativas que surgen como respuesta a las críticas realizadas al sistema educativo y que incluyen nuevas distinciones y decisiones al sistema emanadas como respuesta a las demandas políticas y sociales.  Dada la actual contingencia, las tendencias internacionales y las nuevas normativas relacionas con la inclusión/integración educativas ha tomado relevancia el concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE) en las organizaciones educativas que imparten la educación regular formal. A partir del año 2010 existe un marco jurídico regulatorio que establece que dichas NEE no deben estar relegadas en todas sus condiciones y diagnósticos sólo a la educación especial como ocurría en el pasado. Siguiendo con los avances en temas de inclusión el 2014  nace La Ley de Inclusión Escolar Nº 20.845 este  uno de los legados más importantes que la Reforma Educacional de la Presidenta Michelle Bachelet deja a las niñas y niños de Chile.” El derecho a una educación de calidad no puede estar condicionado a ningún factor arbitrario como el sueldo de los padres o el proyecto religioso de un establecimiento”. La educación es un derecho social garantizado por el Estado y esta es una de las medidas que lo asegura la actual Reforma Educacional lo que  busca esta ley es impulsar un proceso de transformación profundo del sistema educativo chileno, con el propósito de garantizar el acceso de todas y todos los chilenos a una educación pública, gratuita y de calidad. Esta Reforma se sustenta en la construcción de nuevos propósitos colectivos: una sociedad más integrada, con mayor inclusión y justicia social. Para avanzar en esta dirección, se propone la construcción de comunidades educativas más heterogéneas e inclusivas, que se reconocen, dialogan y aprenden desde las particularidades de cada una y cada uno de sus integrantes. En este marco, la promulgación de la Ley N°20.845 de Inclusión Escolar en junio del 2015 establece un hito fundamental en esta dirección, a través de la generación de condiciones para el avance hacia un sistema educacional más inclusivo a través de la eliminación de la selección en los procesos de admisión y el fin del copago en establecimientos que reciben subvención del Estado. De esta manera, su implementación favorecerá una distribución más heterogénea de la población escolar en los diferentes establecimientos educacionales. Complementariamente, y haciéndose cargo de que una distribución más equitativa y heterogénea de la matrícula constituye un primer paso que requiere un correlato estratégico en la definición de los caminos de mejoramiento de cada comunidad educativa, la ley establece también la necesidad de que todos los establecimientos desarrollen “planes de apoyo a la inclusión”. La Ley de Inclusión Escolar representa un avance relevante en la construcción de un marco normativo que permite reducir la segregación escolar, explicitando además el compromiso ético del Estado con una educación que favorezca la construcción de una sociedad más inclusiva; sin embargo, no asegura por sí misma que el carácter de los procesos educativos y las culturas institucionales de los establecimientos favorezcan la inclusión. Para ello, es necesario definir un marco referencial que oriente las acciones de los establecimientos para su transformación gradual en comunidades educativas inclusivas. Transitando hacia una educación inclusiva en Chile, se concibe como un derecho social cuya garantía es para todos y todas, independiente a sus condiciones y características personales. Perspectiva que ha tomado mayor reflexión y conciencia por parte de la sociedad en el último tiempo (Mesa Técnica Educación Especial, 2015).  

...