POLITICA CRIMINAL

POLITICA CRIMINAL DE ESTADO. DEFINICIÓN.

Diversos autores coinciden en que la Política Criminal es el conjunto de medidas de las que se vale el Estado para enfrentar la criminalidad (delito-delincuente) y la criminalización (pena y función re-socializadora); especialmente en su prevención, represión y control; tomando en cuenta a su vez que la política criminal puede ser vista como acto de control social y solución de conflictos, dirigida hacia las acciones humanas consideradas violentas o nocivas las cuales entorpecen el desarrollo armónico de una sociedad en un país determinado.

En ese sentido, cabe destacar que dependiendo del tipo de Estado se determina la Política Criminal y su impacto en la sociedad, puesto que se puede considerar que esta define los procesos criminales y por tanto dirige y organiza el sistema social en relación al fenómeno criminal.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA CRIMINAL

La política criminal, para algunos autores es considerada como una ciencia que tiene como objetivo general el estudio del delito como conducta humana y social, de investigar las causas de la delincuencia, de la prevención del delito y del tratamiento del delincuente, e indican de manera sobresaliente, que los campos de la acción de la Criminología, están consideradas en tres ramas:

a. En la administración de la justicia

b. En el campo penitenciario

c. En la prevención del delito

Igualmente expresan también, que es de suma importancia el que estas tres áreas tengan especialistas que deseen conocer los factores de la personalidad criminal, con el fin de que se logre impartir la justicia de forma más adecuada, justa e individualizada, así como también, se dé terapia idónea al infractor, y lo que vendría a ser el éxito de todo estudio criminológico, el prevenir que se den o repitan determinadas conductas consideradas como criminales.

Por otra parte cabe destacar, que el objetivo principal de la política criminal es la prevención del delito.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POLÍTICA CRIMINAL

1. Parte del mundo real, por consiguiente para su estudio se utilizan metodologías y técnicas del estudio de los fenómenos sociales.

2. Entiende la complejidad de la sociedad en donde se va a actuar, utilizando los conocimientos de muchas ciencias (multidisciplina) y entrelazándolos (interdisciplina) para lograr acercamiento a la realidad del entorno.

3. Permite el diseño de estrategias y acciones que se plasman en programas concretos para solucionar la demanda de seguridad.

4. Tiene como objetivo la prevención del delito.

5. Su construcción es responsabilidad del Estado, para el caso de nuestro país esta a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia, pero cuenta con la concurrencia de otros organismos del Estado en su formulación y puesta en marcha.

Como faceta de control social la Política Criminal se presenta bajo dos aspectos:

1. Como disciplina o método de observación de la relación anti criminal (reacción de la sociedad frente al fenómeno criminal)

2. Como estrategia de lucha contra la delincuencia; elaborada a partir de los datos y enseñanzas aportados por la observación objetiva.

Tales aspectos implica que la política criminal sea vista por algunos autores como disciplina que no solo esta encaminada a describir la reacción social contra la delincuencia sino también a determinar los lineamientos que se deben seguir para lograr una mejor eficacia en su control y prevención . En consecuencia, la Política Criminal esta enmarcada en la política general del Estado, el cual orienta las acciones del gobierno en torno a aspectos relevantes como lo es la Política Social, la Política de Seguridad y la Política Jurídica, las cuales en muchos casos antes de ser consideradas como Políticas de Estado se originan como Políticas públicas las cuales coadyuvan como elementos constitutivos del proceso de gobernabilidad del Estado.

LA POLÍTICA CRIMINAL DEL ESTADO VENEZOLANO

LA INSTITUCIONALIDAD DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN VENEZUELA

En el estado venezolano, es el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ) la institución del Poder Público Nacional que tiene como misión garantizar la seguridad y protección integral de los ciudadanos contra hechos delictivos, accidentes y calamidades; velar por la seguridad del Estado protegiendo la estabilidad y funcionamiento de las instituciones democráticas; promover la seguridad jurídica de la población a través de los órganos encargados de la administración de justicia, registros y notarías, documentos, identificación y derechos humanos de los ciudadanos; incentivar el proceso de descentralización y el uso eficiente de los recursos financieros del Estado, estableciendo relaciones políticas y administrativas con órganos del poder regional y municipal

Asimismo, velar por los derechos políticos y civiles de los venezolanos; estimular el proceso de aprobación de leyes ante la Asamblea Nacional; coordinar el ceremonial y protocolo en el cual participe el Presidente de la República, altos representantes de los poderes públicos y personalidades del país y otras naciones del mundo; proteger el acervo Histórico de la Nación, a través del cual se exalte el ideal y vida del Libertador Simón Bolívar y la Guerra Independentista.

Con respecto a la estructura organizativa del MPPRIJ está compuesta por el Gabinete Ministerial y tres niveles:

1) Nivel de apoyo en dónde se ubican: la Dirección del Despacho del Ministro, Consultoría Jurídica, Oficina de Gestión Administrativa, Oficina de Tecnología de la Información, Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales, y Auditoría interna;

2) Nivel sustantivo en el que se ubican tres Viceministerios: Viceministerio de Política Interior que cuenta con una Dirección General de Ceremonial y Acervo Histórico y una Dirección General de Asuntos Políticos Sociales; Viceministerio de Seguridad Ciudadana que cuenta con una Dirección General de Coordinación Policial, una Dirección General de Prevención del Delito, una Dirección General de Coordinación Nacional de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, y una Dirección General de Coordinación Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil; Viceministerio de Seguridad Jurídica que cuenta con una Dirección General de Coordinación con la Administración de Justicia e Instituciones Religiosas y una Dirección General de Derechos Humanos;

3) Nivel desconcentrado que está compuesto por: la Dirección General de Servicios Penitenciarios, la Oficina Nacional Antidrogas, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención, la Dirección General contra la Delincuencia Organizada, Servicio Autónomo de Registro y Notarías y el Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (Ver anexo).

Considerando la estructura expuesta, es el Viceministerio de Seguridad Ciudadana la instancia del MPPIJ responsable de la coordinación de la Seguridad Ciudadana a nivel nacional. Las áreas de su competencia son: coordinación de los Cuerpos de Policía a nivel nacional; prevención e investigación del delito y la criminalidad; administración de establecimientos penitenciarios, cárceles e internados judiciales, sus estadísticas y programas de reinserción social; averiguación e instrucción de los delitos contra la independencia y seguridad de la nación, contra la libertad y el orden público; concesión de los permisos para el funcionamiento de empresas de vigilancia privada; vigilancia y represión del tráfico ilícito de estupefacientes; coordinación, organización y evaluación de las actividades de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas a nivel Nacional; las demás que señalan las leyes reglamentos, resoluciones y demás actos normativos.

LA DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO

La Dirección de Prevención del Delito es el sujeto planificador de la política antidelictivas en Venezuela, está adscrita al Viceministerio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. Se creó por Decreto Nº 241 de fecha 11 de Febrero de 1970, con atribuciones bien específicas y directas sobre la problemática de la criminalidad. Tiene su origen en la Comisión de Prevención de la Delincuencia creada el 19 de octubre de 1951, por decreto Nº 323 como organismo adscrito al Ministerio de Justicia, cuyo objetivo era investigar las causas de la criminalidad de las distintas regiones del país, entre sus atribuciones se tienen:

1. Formular, coordinar y evaluar políticas y programas relacionados con la Prevención del Delito.

2. Promover y ejecutar las políticas del Estado en materia de investigación del fenómeno delictivo.

3. Promover la formación del personal para el desarrollo de los planes y programas de Prevención del Delito.

4. Promover la participación de la comunidad en los programas de Prevención del Delito.

5. Mantener actualizado el sistema de información del fenómeno delictivo, con fines estadísticos para la elaboración de pronósticos sobre la criminalidad.

6. Promover la ejecución de programas destinados a incorporar a los miembros de la comunidad, en especial al sector juvenil, en reuniones nacionales e internacionales relacionadas con la etiología del delito.

7. Coordinar las actividades dirigidas a la Prevención del Delito de las organizaciones no gubernamentales.

8. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.

Fuente: Dirección de prevención del delito

ACTIVIDADES QUE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO DESARROLLA ACTUALMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES

Según información aportada por la Dirección de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia, para ser presentado en el XI Seminario Anual de la Investigación del CENIPEC pública en página web, entre las diferentes actividades que desarrolla actualmente esta dirección para el cumplimiento de sus fines se tiene las orientadas hacia la creación, desarrollo, ejecución y evaluación de la política de prevención y tratamiento de la criminalidad y de seguridad social, dentro de un marco de acción científica, participación de los entes sociales involucrados y acorde con la realidad. En tal sentido, se identifican:

La disminución de la incidencia delictiva en el país a niveles tolerables, registrando y controlando su crecimiento, que garantice la vida en un medio donde prevalezcan valores sociales de seguridad e igualdad.

El Fomento de los mecanismos de control social (individual, grupal o comunitario, institucional y Estatal) para afrontar el problema de la criminalidad a través de la concientización, sensibilización, capacitación y participación de los distintos sectores sociales a la función preventiva. El campo de acción de la Dirección de Prevención del Delito, a través de las distintas coordinaciones de estados se centra en la participación activa e integración de esfuerzos de todos los sectores así como la inversión de recursos económicos, el consenso y la coordinación de políticas de acción gubernamental y no gubernamental. Se desarrollan programas y estrategias nacionales y estadales acordes a las necesidades de cada región, grupo o problema a enfrentar, entre los cuales están:

a. Voluntariado Preventivo: Promueve la participación de todo ciudadano a nivel individual y colectivo en la prevención específica de delito dentro de la comunidad donde opera y, la prevención genérica en coordinación con grupos e instituciones a través del diseño y ejecución de acciones de prevención integral de la criminalidad y, de promoción sociocultural. Se realiza a través de trabajos comunitarios.

b. Prevención en Educación: Entendida la prevención como un conjunto de creencias, actitudes y acciones, la formación, Información y, orientación en el área de la prevención integral de la criminalidad en toda la comunidad educativa. Se considera uno de los campos de acción fundamentales de la Dirección. Para esto, se ha firmado convenio con el Ministerio de Educación. Se trabaja en distintos planteles educativos en la asesoría, diseño y realización de actividades específicas (curriculares y extracurriculares) y como centros pilotos, capacitando a todo los involucrados (estudiantes, docentes, padres, entre otros).

c. Prevención en la Comunidad: Se fomenta la participación activa de grupos sociales o comunitarios en las tareas de prevención del delito en su zona de residencia, como elemento básico en el control de la problemática delictiva y de inseguridad social a través de la formación, orientación, diseño y ejecución de proyectos específicos de la comunidad en el área de seguridad vecinal, capacitación específica, atención infantil y juvenil en actividades académicas, de tiempo libre, culturales, sociales, deportivas, entre otras.

d. Prevención, Orientación y Tratamiento del consumo de Drogas Juvenil: Se asisten ambulatoriamente a niños y adolescentes con problemas de conducta psicológicos asociados que asisten voluntariamente o referidos por tribunales bajo la medida de libertad vigilada, entre otras instituciones por problemas de consumo de estupefacientes a fin de lograr su reajuste individual y al medio social, atendiendo también a sus familias. Existen nueve centros a nivel nacional.

e. Información Preventiva Formación Cívica: Educa a la población general en relación a la criminalidad y la prevención de la misma, utilizando para esto los distintos medios de comunicación social, así como dar a conocer lo que la Dirección ejecuta (prensa, radio y TV., boletín informativo, entre otros).

Prevención Jurídica: Brinda atención jurídica gratuita a personas de escasos recursos promoviendo la solidaridad social y la democratización del acceso a los mecanismos de la administración de justicia. Se fundan centros de atención en zonas de escasos recursos.

f. Las Investigaciones Criminológicas: Actualmente, la División de Investigaciones Criminológicas está orientada a proporcionar a las distintas coordinaciones de prevención de estado los insumos teóricos-metodológicos necesarios para el diseño y, ejecución de programas y estrategias específicas en materia preventiva, por medio de la realización de investigaciones aplicadas a los problemas sociales diagnosticados. Específicamente, se centra en el estudio de la violencia en sus distintas formas y en el análisis de los factores de la criminalidad tales como la victimización delictiva, inseguridad ciudadana, la violencia intrafamiliar, alcoholismo, familia y la evaluación de programas, entre otros.

Dentro de su área de acción realiza trabajos documentales, estudios de campo, diseño de instrumentos de recolección de información y materiales divulgativos, analiza la publicidad de bebidas alcohólicas y de material pornográfico que ingresa al país. Considera prioritario mantener contacto permanente con las distintas instituciones encargadas de desarrollar investigaciones en el área social, a fin de intercambiar e Integrar los conocimientos entre ambas instituciones. Por otra parte, ofrece servicios tales como asesoría a estudiantes y público en general pasantías para estudiantes universitarios.

Cabe destacar que esta dirección manifiesta que al asumir una perspectiva social integral de la prevención del delito, el impacto de toda la acción ejecutada en esta materia produciría el mejoramiento de la calidad de vida del individuo, garantizando el cumplimiento de sus derechos a la educación, trabajo, cultura, salud, justicia, seguridad y libertad personal, entre otros. Es decir, al logro del bienestar integral tanto a nivel individual como social.

En síntesis, es perentorio señalar que para ejecutar una prevención del delito eficaz y, efectiva paralelamente, se debe trabajar con una política de prevención integral dirigida al desarrollo de Venezuela, tal como lo expresa la Constitución de la República de Venezuela en su preámbulo:

"Proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad humana, promover el bienestar general y, la seguridad social, lograr la participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza, según los principios de justicia social, y fomentar el desarrollo de la economía al servicio del hombre".

LA SEGURIDAD CIUDADANA EN VENEZUELA

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 consagra por primera vez a nivel constitucional la Seguridad Ciudadana, al respecto señala:

"Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes…" (Art. 55)

En este sentido la seguridad ciudadana es entendida como la protección de los derechos ciudadanos, libertades civiles y garantías constitucionales y es así como la seguridad ciudadana se ha convertido en Venezuela, luego de la aprobación de la Constitución de 1999, en una cuestión de políticas públicas y de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad. En el modelo de seguridad ciudadana, la violencia y la inseguridad son consideradas serias amenazas para la estabilidad democrática y la gobernabilidad, puesto que por un lado, visibilizan las limitaciones del Estado para proteger los derechos, y por otro lado, genera rechazo social hacia el sistema político y sus representantes.

En Venezuela la coordinación de la Seguridad Ciudadana está a cargo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia a través de su Viceministerio de Seguridad Ciudadana. De acuerdo al Art. 332 de la CRBV, la seguridad ciudadana se refiere al mantenimiento y restablecimiento del orden público, el apoyo de la autoridad, la protección de personas, hogares y familias, y al aseguramiento y disfrute de las garantías y derechos constitucionales cuya responsabilidad es de los órganos de seguridad ciudadana.

El 6 de noviembre de 2001 se publicó el Decreto con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, con el objeto de regular la coordinación entre los órganos de seguridad ciudadana, sus competencias concurrentes, cooperación recíproca y el establecimiento de parámetros en el ámbito de su ejercicio. Estos órganos son de carácter civil y su función es competencia concurrente entre el gobierno central y los gobiernos estadales y municipales.

LOS ÓRGANOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Según el artículo 2 de la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (L.C.S.C., 2006) Los órganos de seguridad ciudadana en el estado venezolano son: La Policía Nacional; las Policías de cada Estado; las Policías de cada Municipio y los servicios mancomunados de policías prestados, a través de las Policías Metropolitanas; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; el Cuerpo de Bomberos y administración de emergencias de carácter civil; la organización de protección civil y administración de desastre. Ejerciendo la coordinación de dichos órganos el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, a través de la Coordinación Nacional de Policía y de las Coordinaciones Regionales a nivel de los estados.

Por otra parte, el ente de la Coordinación de la Seguridad Ciudadana es el Consejo de Seguridad Ciudadana que tiene como objetivo estudiar, formular y evaluar las políticas nacionales en materia de Seguridad Ciudadana. El Consejo de Seguridad Ciudadana, según el art. 19 de la L.C.S.C. está conformado por: el Ministro del Interior y Justicia, quien lo preside; el Viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia; un representante de los Gobernadores de las entidades federales; un representante de los Alcaldes; el Coordinador Nacional de Policía; el Coordinador Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; el Coordinador Nacional de Bomberos y el Coordinador Nacional de la Organización de Protección Civil y Administración de Desastres.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

En el año 2000 se implementaron medidas legislativas para disminuir la violencia criminal, a saber: reforma al Código Penal que prevé un incremento de penas para los delitos relacionados con la importación y fabricación de armas, porte y detención de armas comunes y delitos contra la seguridad de los medios de transporte, robo en taxis y colectivos, y la aprobación de la Ley que regula el hurto y robo de vehículos automotores; y durante el año 2002 se aprueba una Ley para el Desarme.

Dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el período 2001-2007, se reconoció a la seguridad ciudadana como una condición fundamental para el desarrollo humano, al concebir a la seguridad de un modo integral y al asociarla con la calidad de vida. Es así como en el Plan se integraron políticas nacionales de seguridad ciudadana, bajo la premisa de que al nivelar los desequilibrios macro-sociales, prevenir y controlar el delito y reestructurar el sistema penitenciario, se superan las amenazas, vulnerabilidad y riesgo para la vida de las personas y sus propiedades y se garantiza la paz y la convivencia pacífica.

Dentro de este contexto, el Plan establece que el enfrentamiento de los índices de criminalidad, se asume como una política integral, que comprende, por una parte, la reducción de las desigualdades sociales, el incremento del nivel de empleo y la atención a los grupos sociales relativamente pobres y, por la otra, una política específica para la prevención y combate de la criminalidad y la violencia, contemplándose como estrategia específicamente para esta política de seguridad ciudadana: el fortalecimiento de la coordinación policial con la creación del Centro de Coordinación de Inteligencia y el incremento de la participación ciudadana en la prevención del delito, la oportunidad de reinserción social de los transgresores de la ley, y la actualización del marco jurídico-normativo de la seguridad ciudadana.

El 30 de Septiembre del 2004 se lanza un Plan Piloto de Seguridad Ciudadana en el Distrito Metropolitano de Caracas, cuyo objetivo fue disminuir la inseguridad a través de la resolución de dos problemas claves, a saber: la percepción generalizada de la inseguridad y el alto índice delictivo. La estrategia definió líneas de acción preventivas de control efectivo enmarcadas en contrarrestar la delincuencia en todas sus manifestaciones y disminuir la criminalidad con la participación de autoridades regionales, municipales y comunidades organizadas.

Las áreas de acción incluyen programas antidroga, culturales, deportivos, asistenciales y la organización de redes sociales comunitarias de inteligencia a favor de la seguridad ciudadana. Para el cumplimiento de su objetivo, el plan pretendió la incorporación de 1.800 funcionarios de los cuerpos policiales, incluyendo a 1.200 funcionarios del Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional de Caracas, la colocación de vigilancia en áreas populares de la ciudad los fines de semana, elaboración de encuestas de victimización y necesidades vecinales, campañas de cedulación, inscripción en el registro electoral, asistencia médico-odontológica y asesoría legal, cabe destacar que la existencia de problemas técnicos metodológicos en el levantamiento y procesamiento de la información no permitieron evaluar adecuadamente los resultados del Plan.

A inicios del 2008, el Ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, puso en marcha el Plan de Seguridad “Caracas Segura 2008” en la parte alta del barrio el 70 de El Valle, donde se pretendió desmantelar tres bandas que mantenían azotado al sector. El objetivo del Plan era minimizar el índice delictivo e incrementar la sensación de seguridad en la ciudadanía, mediante continuas y activas acciones policiales coordinadas entre los órganos de seguridad ciudadana a través de políticas de integración comunal y estrategias sociales de prevención.

Para este año 2010, en el marco de la realización del Foro "Políticas en Materia de Prevención del Delito: Avances y perspectivas", el Abogado Edwin Rojas, director General de Prevención del Delito del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, manifestó que se activaran diversos programas de prevención del delito y destaco la importancia de incorporar a las comunidades en planes de prevención del delito. En este sentido dio a conocer el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE), el cual es un programa que se inició en una primera etapa desde el 1ro. de marzo hasta el 31 de diciembre del presente año, en las 10 ciudades con mayor incidencia delictiva en el país: Caracas, Los Teques, Maracay, San Cristóbal, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barcelona, Ciudad Bolívar y Barquisimeto, ciudades que concentran el 60% de la población venezolana y que representan el 75% de los delitos del país.

Cabe destacar que en las regiones en las que se activará el Dispositivo Bicentenario de Seguridad, contarán con sedes de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y de la Dirección de Prevención del Delito del MIJ, así mismo el Abg. Edwin rojas explicó que junto a los representantes de la ONA se comenzará la formación de los brigadistas en materia de prevención y se reforzará la lucha contra el microtráfico de narcóticos. Igualmente, se activará el Plan “El Policía va a la Escuela” y se realizarán varios talleres para prevenir la violencia escolar. Los programas de prevención que se activarán tienen como objetivo ofrecer una respuesta paralela a la acción policial. En cada oficina trabajarán 50 funcionarios, es decir, más 500 hombres y mujeres integrantes de la ONA y de Prevención del Delito.

En relación, a la dotación y equipamiento de los organismos policiales que participarán en el Dispositivo Bicentenario de Seguridad, el director de la Dirección de Prevención del Delito del MIJ, indicó que se realizarán según las necesidades de los estados y para ello se capacitarán a 500 agentes en el área de la investigación criminal para la puesta en funcionamiento de 10 laboratorios de criminalística, cuyo objetivo será agilizar las averiguaciones que adelanta el CICPC.

Por otra parte e director manifestó que se estaba efectuando unas mesas de trabajo con los Comandos Regionales, porque hay estados donde será la GNB que coordine los dispositivos de seguridad, para evitar la migración delictiva una vez que estas regiones sean saturadas policialmente. Entre las políticas que se desarrollarán en esa materia se encuentran: los puntos de control entre las fronteras de los estados y la modernización de las comunicaciones policiales. Asimismo, se planteó la intención de proponer ante la AN un proyecto de Ley para la Promoción y la Participación Ciudadana en materia de Prevención del Delito.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA POLITICA CRIMINAL

El ente encargado de la recolección de información y estadísticas delictivas oficiales es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas – CICPC, quien concentra la información delictiva a nivel nacional o a partir de datos recabados por investigadores independientes, fundamentalmente universidades u organizaciones no gubernamentales de protección de los derechos humanos que realizan evaluaciones separadas. Igualmente, en ciertos casos recoge información a través de otras instancias estatales que desarrollan planes de intervención social que tienen registro delictivo. Otro organismo oficial encargado de las estadísticas nacionales es el Instituto Nacional de Estadística - INE, quien cuenta con vasta experiencia en el área de la investigación social por muestreo.

Es preciso acotar que, existe una inexactitud en el sistema de registro estadístico a nivel nacional, debido fundamentalmente al subregistro de la información, la falta de coordinación entre las fuentes, la manipulación de la información de acuerdo a la coyuntura, la carencia de parámetros metodológicos adecuados y los costos que implican el levantamiento permanente. Asimismo, esta falencia da cabida a la discrepancia entre cifras reales y oficiales del delito y, por lo tanto, limitan el desarrollo de una política de intervención adecuada para combatir la criminalidad.

ANEXOS

INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

• Nacional o Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

▪ Viceministerio de Seguridad

▪ Dirección de Prevención del Delito

▪ Direccion General de Coordinacion Policial

▪ Direccion Nacional de Protecion Civil y Administracion de Desastres

▪ Cuerpo de investigaciones cientíticas, penales y criminalisticas

▪ Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP)

▪ Direccion General de Servicios Penitenciarios

▪ Direccion General contra la Delincuencia Organizada

▪ Oficina Nacional Antidrogas

o Ministerio de la Defensa

o Ministerio Publico

o Defensoría del Pueblo

o Procuraduría General de la República

o Tribunal Supremo de Justicia

• Instituciones operativas de Seguridad Nacional

o Guardia Nacional

Nivel Intermedio

o Cuerpo de Policias Estadales

o Defensorías delegadas estadales

o Dirección de seguridad y orden público, Policia Estado de Táchira (DIRSOP)

o Comando regional N°1 (CORE1)

o Procuraduría General del Estado de Táchira

o Policía de Participación Comunitaria (POLIPARC)

• Nivel Local

o Defensorías delegadas Municipales

o Cuerpos de Policía Municipales

o Jueces de Paz

• Instancias de coordinación para la Seguridad Ciudadana

o Nivel Nacional

▪ Consejo de Defensa de la Nación

▪ Consejo de Seguridad Ciudadana

▪ Coordinación Nacional de Seguridad Ciudadana

▪ Sistema Nacional de Registros Delictivos, Emergencias y Desastres

o Nivel Intermedio

▪ Coordinación Regional de Seguridad Ciudadana

▪ Sistema Regional de Registro Delictivo, Emergencias y Desastres

o Nivel Local

▪ Sistema Metropolitano de Registro Delictivo, Emergencias y Desastres

ORGANIGRAMA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

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