Que una autoridad bote toneladas de comida argumentando que no es apta para el consumo humano es doloroso, pero comprensible.

RESOLUCIÓN 970 DE 2010

“Que una autoridad bote toneladas de comida argumentando que no es apta para el consumo humano es doloroso, pero comprensible. Pero que esa misma autoridad les prohíba a los pequeños campesinos almacenar semillas de sus cosechas para sembrarlas y que los penalice por ello es un absurdo que pocos  entienden”.

Con este artículo se abre la polémica en los medios, dado el decreto expedido  por el estado, es bastante cuestionable la decisión del estado en cabeza del ICA sobre obligar a los campesinos colombianos a utilizar  semillas certificadas las cuales la estar protegidas por los derechos de autor  no pueden ser reutilizables siendo útiles para una sola cosecha, lo que obliga a los campesinos a estar comprando semillas certificadas luego de cada cosecha.

Y es que el campesinado colombiano a través de años  ha llevado consigo una costumbre milenaria consistente en guardar los mejores frutos de sus cosechas para cosechas futuras, es decir sembrarlos más adelante, siendo esta  una forma artesanal de mejorar la calidad de sus productos.

Se puede decir  que es una ley de la naturaleza  el hecho que en  la especie animal sobreviva el más fuerte y el que mejor se adapte a las condiciones y es así  mismo este principio rige para la producción agrícola.

Ahora bien este principio toda la vida fue empleado y patrocinado por el gobierno  para  producción de alimentos  y de esta manera garantizar la calidad en la producción.

Ahora bien el gobierno a través del ICA antes de la entrada en vigencia  del Tratado de Libre Comercio, ya estaba implementando el uso de semillas certificadas, pero lo que llevo al endurecimiento de la norma fue la entrada en vigencia del tratado de Libre  Comercio con los Estados Unidos.

Una de las condiciones de estos fue básicamente que los cultivo se debían dar con semillas alteradas genéticamente para el mejoramiento de su calidad es decir  semillas que estuvieran certificadas y al ser estas protegidas por los derechos de autor, no podían ser utilizadas por más de una vez, lo que le garantizaba  la compra constante de estos productos a los Estados Unidos.

El Gobierno  Santos, al momento de firmar el TLC con los Estados Unidos  salió con bombos y platillos a celebrar la firma de este, asegurando que todos aquellos campesinos que se vieran de alguna forma afectados por el TLC, serian ayudados y beneficiados con subsidios de la nación.

La sorpresa es cuando el mismo estado da un golpe certero a los campesinos obligándolos a dejar sus costumbres ancestrales solo por favorecer los intereses extranjeros acordados en el TLC.

Esta problemática deriva en la poca seguridad jurídica del estado  y la falta de confianza en sus entidades  pues estas no piensan en favorecer al campesino, sino el interés de unos pocos.

Se podría decir que para el gobierno se aplica la ley  del interés particular prima sobre el general.

Esta situación que es solo una pequeña muestra de la problemática social que afronta el campesinado colombiano, ha generado el abandono de las parcelas y tierras cultivables  toda vez que hoy en día sale más barato importar productos alimenticios que la producción de estos.

Y es que la producción en Colombia de productos alimenticios es ya demasiada cara, no por capricho de los productores o cultivadores, sino por la cantidad de aranceles e impuestos que tienen los productos e insumos para su producción toda vez que estos son obligados a comprar por los mismos que venden las semillas certificadas  con la falsa promesa que estos son el complemento para lograr una mejor producción.

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