Reforma Curricular

la reforma curricular y pedagógica ya era una necesidad

impostergable: los planes y programas de estudio reformados en los años setenta

estaban agotados. La nueva reforma es inédita y de amplias dimensiones, tanto

para la educación básica como para la formación inicial de maestros. Se

reformulan los contenidos y de nuevo se organizan por asignaturas; se amplía y

diversifica la producción de materiales educativos para alumnos y maestros; se

propone el trabajo pedagógico con un enfoque constructivista, además, se

incorpora una visión institucional de la escuela que exige nuevas formas y

contenidos de trabajo a la supervisión y dirección escolar.

A diez años del inicio de este amplio y complejo proceso de reforma de la

educación y del SEM se puede afirmar que sus efectos han sido positivos. Éstos

se pueden observar principalmente en el incremento de la matrícula, en el

mejoramiento de los indicadores de eficiencia terminal y en los índices de

absorción de un nivel educativo a otro.5 No obstante, desde una perspectiva

estructural, los cambios más profundos que requiere el SEM y la transformación de

los modos de actuación de los distintos actores requieren de más tiempo y de

estrategias claramente orientadas a conseguirlos.

2. Retos y tensiones que enfrenta el SEM

El sistema educativo es un ente vivo y, por ello, posee un dinamismo inherente.

Como señala Carlos Ornelas (1995):

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Revista Electrónica de Investigación Educativa Vol. 4, No. 2, 2002 7

[...] uno de los rasgos distintivos del sistema educativo, en este fin de siglo es su

movimiento. No sólo crecimiento y desarrollo, sino que es posible observar una

transición de un estadio –aparentemente– agotado a otro que aún se alcanza a

perfilar con nitidez, pero sobre el que actúan varias fuerzas que intentan

determinar su futuro (pp. 11).

Esta reflexión tiene referentes concretos que hoy, en el marco político de

transición democrática, es posible advertir tanto en el órgano central –la Secretaría

de Educación Pública– como en los estados.

La pregunta que guía el desarrollo de este apartado es ¿qué aspectos del SEM

pueden ser valorados como positivos y qué retos y tensiones están por

resolverse?

Un análisis del devenir del SEM durante el siglo veinte permite resumir de manera

breve sus logros más importantes.

En primer término hay que señalar que la educación ha sido una prioridad para el

Estado mexicano. La aspiración de asegurar igualdad de oportunidades

educativas para todos ha sido una meta de todos los gobiernos

posrevolucionarios, incluso, lo sigue siendo para el actual gobierno federal.6 Tal

aspiración se tradujo en la expansión cuantitativa del SEM en todos sus tipos,

niveles y modalidades,7 lográndose la universalización de la educación primaria, el

único nivel obligatorio hasta antes de 1993.

En conjunto, la matrícula del SEM pasó de 11,538,871 alumnos en 1970 a

30,206,150 en 2001. Para el mismo periodo, la educación primaria pasó de

9,248,190 a 14,833,889 (SEP, 2001, p. 56-72). De hecho la matrícula de este nivel

logró estabilizarse en la década de los ochenta. Por otro lado, la expansión de la

matrícula en educación media y superior también ha sido espectacular en el

mismo periodo. Antes de la década de los noventa, desde fines de los años

sesenta, el énfasis estuvo puesto sobre todo en la expansión del SEM; a mediados

de los ochenta se advierte también una diversificación de modalidades educativas

para atender una demanda caracterizada por su heterogeneidad.

Si bien la expansión cuantitativa del SEM es un reflejo del crecimiento de la

población, todavía no existe una relación directamente proporcional entre ambos,

es decir, el crecimiento de la población ha sido mayor que la respuesta del SEM.

En este sentido el XII Censo Nacional de Población y Vivienda mostró que de 20

millones de niños y jóvenes de 6 a 14 años, cerca de un millón está fuera de la

escuela básica obligatoria; si bien en números relativos representa 5%, la cantidad

absoluta no es insignificante.

Las políticas modernizadoras de la última década del siglo veinte impulsaron de

manera significativa el desarrollo del sistema educativo: al otorgar una nueva

prioridad a la educación básica; al plantear la calidad y la equidad como los

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objetivos de la reforma; al descentralizar la operación del SEM; al promover una

mayor presencia de los padres de familia y la comunidad en la escuela; al percibir

la reforma institucional como un punto de partida y de apoyo a la reforma curricular

y pedagógica; al diseñar e implantar una reforma curricular y pedagógica con una

fuerte orientación hacia el desarrollo de competencias (saber con, saber hacer); al

ingresar la evaluación de resultados y la rendición de cuentas; al incrementar el

tiempo de instrucción mediante la ampliación del calendario escolar a 200 días; al

producir y diversificar libros de texto y materiales educativos para alumnos y

maestros; al impulsar proyectos innovadores de introducción de modernas

tecnologías en la escuela; al introducir nuevos esquemas para la promoción

laboral de los maestros, como es la carrera magisterial, y las acciones para el

perfeccionamiento docente y la reforma de la formación inicial; al incrementar los

fondos públicos destinados a la educación (5.7% del PIB en 1994) y la

recuperación salarial de los maestros (SEP, 1996); o al diseñar y llevar a cabo una

serie de programas tendientes a compensar desigualdades.8

Con este enorme esfuerzo y el despliegue de energías y recursos materiales,

financieros y humanos se ha conseguido incrementar las cifras de cobertura de la

educación básica y los indicadores de eficiencia terminal. Sin embargo, los

propósitos de calidad y equidad aún están lejos de lograrse.

Algunas cuestiones son evidentes: la reforma de la educación secundaria está

postergada, los incrementos financieros para la educación fueron interrumpidos en

1995, la participación social continua es un anhelo, los resultados de distintos

programas de evaluación nacionales e internacionales no han sido analizados y

menos difundidos, y los que llegan a conocerse resultan insatisfactorios y la

federalización de signo descentralizador es insuficiente e incompleta.

A pesar del impulso renovador de la reforma educativa de la última década del

siglo XX, los resultados no han sido los esperados. La escuela pública en,

general, si bien con honrosas excepciones, no ha conseguido renovar sus

prácticas pedagógicas, la calidad en términos de los aprendizajes de los alumnos

está aún lejos de conseguir los estándares planteados en el currículo y los

desiguales niveles de aprovechamiento escolar entre regiones, estados,

municipios y escuelas hablan de una inequidad en la distribución de las

oportunidades para aprender, lo que como país, se ha definido como lo “básico”

(SEP, 2001).

A diez años de la firma del ANMEB, México tiene un sistema educativo con luces y

sombras. Los desafíos existen, en ocasiones son vistos con mayor claridad y en

otras se prefiere ignorarlos.

Desde nuestro punto de vista los desafíos sustantivos que debe enfrentar el SEM

con todos sus recursos –humanos, materiales, financieros− son la calidad y la

equidad de la educación. Ambos están íntimamente relacionados; no existe el uno

sin el otro, ni pueden enfrentarse de manera aislada.

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El desafío de la calidad será, por largo tiempo, lograr que la extensa cobertura de

la educación básica sea realmente una oportunidad para aprender, es decir, que

ésta no constituye un privilegio ni un elemento de diferenciación o filtro social, sino

que exista equidad en el acceso a experiencias de aprendizaje equiparables. La

calidad se basa también en la pertinencia. Además, en un país pluricultural como

México se requiere fomentar la interculturalidad para todos, y en la educación

indígena la conservación, y el desarrollo de la propia cultura.

Al mismo tiempo, ante la diversidad de demandas de conocimiento por parte

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