TAREA COMPETENCIAS

I CONTEXTO

La crisis del Servicio Nacional de Menores ha relevado el tema de la infancia en nuestro país y su constante vulneración de derechos.

a. Identificar el Problema público

La denominada “crisis del Sename”, una crisis que demuestra la mirada sociocultural que tiene la sociedad chilena respecto de la infancia y que requiere, urgentemente, un nuevo trato de parte del Estado y la sociedad en general, generando así una transformación no solo legal sino y, por, sobre todo, cultural. Aumento del presupuesto de la institución, separarla en dos y entregarle mayores recursos, son parte de las medidas anunciadas tiempo atrás por el gobierno de doña Michelle Bachelet y ahora por don Sebastián Piñera para reformular la institución. Desde mi perspectiva no son suficientes, ya que es necesario impulsar un nuevo trato que conciba al niño, niña y adolescente como sujeto, con una atención especializada y personalizada cuando ha sufrido maltrato.

Recordando su origen, el Sename es un organismo creado en 1979, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Su nombre da cuenta de la concepción de infancia como un estado irregular. Depende, administrativamente, del Ministerio de Justicia y desde sus fundamentos se aprecia su enfoque tutelar hacia la infancia. los departamentos que lo componen: Protección, Justicia juvenil y Adopción, respectivamente”.

Como institución, y tal como lo señala su nombre, presta servicios entre cuyos objetivos destacan “reinsertar y rehabilitar y reparar los derechos de los(as) niños(as) que han sido vulnerados”. Su labor ha tenido mayor notoriedad en los últimos años, reflejando las disposiciones culturales que he tenido nuestra sociedad en relación a la vida de niños(as) en nuestro país, “que es básicamente una disposición cultural negadora de las problemáticas de los niños, invisibilizadora y subalternizadora”.

En Chile, la profunda crisis que sufre el Sename revela la precaria situación que viven cientos de niños y niñas en nuestro país, donde la vulneración de sus derechos y la afectación de su vida emocional, social y económica no han sido una de las preocupaciones de nuestra sociedad. Cuando los(as) niños(as) se insertan en el sistema del Sename, las cosas están lejos de mejorar.

Hay dos perspectivas que deben cambiar: una es la política pública y otra refiere al contexto pedagógico, ya que hablar de infancia implica pensar en el bienestar del(la) niño(a), pero también en cómo él(ella) se va construyendo como sujeto político, histórico, critico, reflexivo, querido y respetado.

Si bien desde los 90 ha habido cambios positivos y alentadores en torno a la infancia, como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, persisten muchas otras formas de maltrato infantil que como país todavía ni siquiera hemos podido reconocer. Yo creo que, de alguna manera, todavía tenemos un resabio de que los(as) niños(as) son personas inacabadas e insuficientes, como si fueran minusválidos.

En ocasiones, los(as) niños(as) se ven afectados(as) y triangulados(as) por los conflictos no resueltos de sus padres –como los divorcios con la consecuente disputa por la tutela y crianza de sus hijos(as)–, lo que constituye otra forma de maltrato poco visible. Quizás poseen una vida muy cómoda en términos económicos, pero, en estos casos, los(as) niños(as) manejan información que no debieran, produciéndoles niveles de estrés que no debieran tener a su corta edad.

La creación y desarrollo del Servicio Nacional de Menores ha replicado esta visión del niño-objeto que recibe ayuda y asistencia del Estado, al cual hay que controlar y “reparar” como si fueran “utensilios”, siendo que a los sujetos no se les repara. Viviana Soto señala que el Estado a través de sus políticas públicas ha actuado de manera lenta y tardía, por lo que es perentorio anunciar y llevar a la práctica un nuevo trato con la infancia, con un paradigma totalmente distinto al que se ha desarrollado. Pasar de un paradigma asistencialista, de servicio o ligado a la re-habilitación, a comprender que el(la) niño(a) es un sujeto con potencialidades, discursos, opiniones y narrativas propias.

II DESCRIBIR LAS POLÍTICAS PUBLICAS

En el gobierno anterior se anunciaron una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo para resolver la profunda crisis que vive el Sename, con el fin de reformular al organismo gubernamental. Como parte de ellas, para 2017 habrá un incremento del 6,3% en el presupuesto de la institución (cerca de 16.500 millones de pesos), y el envío de dos proyectos de ley que crearán el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, del Ministerio de Justicia, y el Servicio de Protección de la Niñez, del Ministerio de Desarrollo Social, marcando así la división del Sename, entre otras medidas. Medida que ha sido replicada por el actual Gobierno.

Si esta iniciativa finalmente se concreta, traería consigo un cambio importante en términos institucionales. Eso sí dejando atrás el concepto tan instalado hoy en día de la subvención que, en el fondo, genera una serie de prácticas perversas, porque finalmente la asignación que el Estado realiza por cada niño(a) que Sename atiende es diferencial en función del tipo de problema que éste(a) posee. Entonces un(a) niño(a) que está con problemas de justicia es más caro que quien se encuentra con problemas de protección o de adopción.

Más allá de la separación, que me parece una decisión correcta y en ese sentido adecuada, creo que es necesario repensar el conjunto de recursos estructurales para los distintos problemas que van a enfrentar las dos instituciones. Eso implica pensar recursos estructurales para una atención de calidad, potenciadora, reparadora y preocupada de los derechos de cada uno(a) de esos(a) niños(as) que enviarían a los nuevos organismos.

Otro elemento a considerar en esta división institucional es si se continuará bajo una estructura centralizada o con políticas que se implementen a nivel local, en los territorios y en las comunas. Tengo la impresión que esa discusión, es decir de cómo el Estado provee condiciones para que se desarrollen dispositivos de carácter local y que hagan el trabajo real, todavía falta por dar y avanzar. En los territorios hay capacidades y experiencias profesionales valiosas que debemos aprovechar.

Por otro lado, las personas que trabajan con niños(as) requieren de una formación en educación social. No se ha discutido en Chile qué tipo de pedagogía se debiera ejercer para trabajar con estos niños y niñas vulnerados(as). Esto no implica que tengamos una pedagogía especial para ellos(as), porque eso también es sesgar, estamos hablando de una pedagogía que mire al sujeto, que sea consciente de él(ella) y lo(a) invite a construir desde sus necesidades. En esta línea, Chile tiene una falta de instituciones de educación superior –de las carreras afines– que eduquen a sus estudiantes sobre políticas públicas en infancia, orientados a producir cambios sociales de relevancia.

Una atención personalizada

Hoy, pese a los avances vividos por la sociedad chilena en relación a la infancia, persiste una serie de situaciones que reflejan el maltrato hacia la niñez, cayendo en una lógica de patrón de fundo, de un Estado tutelar o de ‘padre omnipotente’ que todo lo sabe, discriminando a los(as) niños(as). Esto se vuelve una doctrina y luego decanta en una institucionalización, volviéndose una forma de relación y una dinámica, así se vinculan los(as) niños(as) con los padres.

Se ha tendido a separar las infancias, la infractora de ley de aquella que ha sufrido maltrato. No obstante, ambas son parte de la infancia y son responsabilidad nuestra como sociedad. Cada niño y niña debe tener una intervención que sea pensada en él(ella) y para él(ella), como personas singulares y no como un grupo homogéneo, y es que las necesidades de cada niño(a) son diferentes.

Al respecto, la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (N°20.084) señala lo siguiente: “La sanción no es la intervención” y los(as) niños(as) son responsables, penalmente, pero no van a ir al sistema penal adulto, sino que tendrán un sistema penal especial. Por tanto, la apuesta de dicha normativa se sustenta en una concepción o percepción de que la sanción no es la intervención y que lo requerido es integración social; “la intervención en sí debe ser integración social”.

Para lograr una efectiva intervención se vuelve necesario desarrollar un buen diagnóstico e intervención personalizada, cuyos antecedentes e información sean de acceso integrado en todos los niveles: salud, educación, comunidad, redes, entre otros. “Debemos dejar de ver a los(as) jóvenes infractores de ley como un número, un dato estadístico; son vidas con las cuales hay que trabajar de forma individualizada”.

Los cambios en el Sename debieran ser de carácter cualitativo y no solo cuantitativo (mayor inyección de recursos), centrado en la calidad del servicio, “lo que implica prontitud, personal calificado, gestión, control de la gestión, evaluación, monitoreo y responsabilidad”.

III DEFINIR ENTORNO POLITICO Y SOCIAL

Es necesario describir con nitidez entorno político y social- La participación social es un derecho humano para todas las personas sin discriminación de ningún tipo. La Convención establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse, asociarse, reunirse e informarse.

Al mismo tiempo, la

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