Desaparecidos en la última dictadura militar

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Durante la última dictadura cívico-militar de la Argentina, al menos 6.348 personas fueron “desaparecidas”. Este es el término que se le da la desaparición forzada y luego la detención en centros clandestinos donde se les aplicaban múltiples torturas a estas personas. Los familiares desconocían el paradero de sus seres queridos y las denuncias realizadas eran ignoradas. Estos centros se instalaron en 1975 y continuaron hasta 1984 durante el gobierno institucional de Raúl Alfonsín.

Contexto histórico

El 24 de Marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón e inició la última dictadura argentina. Fue llevado a cabo por una Junta Militar integrada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas: Emilio Eduardo Massera (Marina), Orlando Ramón Agosti (Aeronáutica) y Joge Rafael Videla (Ejército). Igualmente, contó con el apoyo del sector agroexportador, las empresas transnacionales y organismos económicos internacionales. Se inauguró el régimen que denominó “Proceso de Reorganización Nacional” que tenía como objetivo transformar la estructura social y económica del país a través de un régimen político autoritario.

De esta forma, los gobiernos militares del período de 1976 a 1983 impulsaron la persecución, el secuestro, la tortura y el asesinato de manera secreta y sistematizada de personas por motivos políticos.

        Terrorismo de Estado

La figura de los "desaparecidos" surgió junto con la dictadura de 1976, un régimen represivo formado por los llamados "grupos de tareas" quienes se encargaban del secuestro y tortura en los centros clandestinos de detención. Ninguno de ellos era registrado, por lo cual era imposible ser encontrados por sus familiares.

Esta violencia ilegal fue conocida como "terrorismo de estado", con el objetivo de esparcir el miedo en los ciudadanos para evitar acciones políticas por su parte.

La deshumanización de la víctima, identificada por un número y las pésimas condiciones sanitarias y alimenticias, formaban parte del proceso tortuoso. Los destinos posibles podían ser la «recuperación» e incorporación al staff de los agentes de la represión, la «liberación», generalmente asociada a la legalización bajo disposición del PEN o el «traslado», que era sinónimo de asesinato y desaparición del cuerpo. El operativo incluía el saqueo de los bienes de la víctima en el momento del secuestro en su domicilio o mediante una segunda incursión. El botín de guerra incluyó el robo de bebés, detenidos con sus madres o nacidos en cautiverio y dados posteriormente en adopción.

A su vez, la estrategia represiva involucró la participación de civiles que, pragmáticamente, se hicieron eco de la necesidad de erradicar a la subversión de la Argentina. Este proceso habilitó la racionalización de estructuras institucionales diversas: empresas, escuelas, sindicatos, iglesias. Por ejemplo, la denuncia de supuestos "terroristas" fue muchas veces una forma eficaz de resolver problemas gremiales.

Uno de los hechos más conocidos entre estos actos de represión es la conocida "Noche de los lápices". En 1975 se había obtenido el boleto estudiantil que implicaba una rebaja para los viáticos de los estudiantes. Con el inicio de la dictadura esta medida fue suspendida al mismo tiempo que se prohibió los centros de estudiantes y la actividad política en la escuela.

La policía bonaerense, molesta por las manifestaciones, preparó un operativo en contra de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), agrupación ligada a las juventudes peronistas. La noche del 16 de septiembre de 1976, tras una protesta a favor del boletín estudiantil secundario, 9 estudiantes entre 16 y 18 años fueron secuestrados en sus propios domicilios.

Luego de la dictadura

El derrumbe precipitado del régimen a partir de la derrota de la guerra de Malvinas apuró la transición a la democracia, y activó mecanismos corporativos orientados a clausurar la cuestión de las responsabilidades por los crímenes cometidos. A este intento respondió la publicación del "Documento final de la junta militar sobre la subversión y la lucha contra el terrorismo" y la sanción de la ley 22.924 de "Pacificación Nacional", conocida como de "Autoamnistía". En su primer artículo se aclaraba: "extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982". Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiera sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado.

Por último, mediante el decreto Nº 187, el Poder Ejecutivo daba creación a la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) con el objetivo de esclarecimiento de los hechos, la recepción de denuncias y de pruebas de los acontecimientos represivos. De esta manera procuraba crear las condiciones institucionales para la concreción dos actos fundacionales para alcanzar un primer consenso en torno al "imperio de la ley": el Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas y el Juicio a las Juntas Militares.

De acuerdo a su conformación de 13 miembros y cinco secretarios, la CONADEP, dependiente del Ejecutivo, integrada por legisladores, personalidades públicas y miembros de organismos de derechos humanos funcionaba como una intersección entre el estado y la sociedad civil.

Pese a las limitaciones dispuestas por el Ejecutivo, que dejaban a la comisión al margen del establecimiento de responsabilidades, la CONADEP recibió denuncias y testimonios de personas que reconocieron haber integrado grupos de tareas.

En el curso de la investigación, a fines de enero de 1984, la comisión tomó una decisión crucial: la redacción de un proyecto solicitando al poder Ejecutivo que garantizara la permanencia en el país de las personas presumiblemente relacionadas con las desapariciones y la sustracción de menores. En estas circunstancias, la CONADEP dejó de ser una mera instancia intermediaria entre la recepción de denuncias y la elevación de la prueba a la justicia para agenciar la construcción de una verdad sobre las desapariciones y sus responsables

En el proceso de escritura del Informe requerido por el Ejecutivo, emergió nuevamente el problema de cómo abordar las responsabilidades. Dentro de los límites impuestos por el decreto presidencial, cabía la posibilidad de alusión a los responsables denunciados. Luego de una serie de deliberaciones, se acordó que la lista de presuntos responsables no sería publicada, aunque se entregaría al Presidente para su disposición. Aún bajo este acuerdo, la división de la escritura del informe Nunca Más habilitó estrategias individuales de sus miembros y/o secretarios como la iniciativa de Graciela Fernández Meijide, quien decidió privilegiar la inclusión de los testimonios que nombraran a los responsables.

EL Juicio a las Juntas Militares

El 22 de abril de 1985 comenzó el juicio a los comandantes que integraron las sucesivas juntas militares. La estrategia de la fiscalía fue la de demostrar la responsabilidad conjunta y mediata de las juntas en la construcción de la ingeniería a partir de la cual se perpetraron numerosos casos de privación ilegítima de la libertad a través del cautiverio clandestino, la aplicación sistemática de la tortura, el asesinato de los cautivos, el robo y saqueo de sus bienes.

En el Juicio a las Juntas la frase Nunca más formó parte del alegato del fiscal Julio Strassera, utilizándola para cerrar el mismo:

“Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ¡nunca más!” Fiscal Strassera en el Juicio a las Juntas.

La sentencia señaló la responsabilidad de los ex comandantes en la creación de un sistema clandestino, rehusando la idea de una conducción unificada y diferenciando las responsabilidades por armas. Esto se tradujo en condenas disímiles y absoluciones. De los nueve ex comandantes, el gral. Jorge R. Videla y el almirante Emilio Massera fueron condenados a prisión perpetua, el gral. Roberto Viola a 17 años de prisión, el almirante Armando Lambruschini a 8 años y el brigadier Orlando R. Agosti a 3 años y 9 meses.

A pesar de la sanción de las leyes, hubo dos nuevos levantamientos, en 1988 y 1990, que motivaron la estrategia del entonces reciente presidente electo, Carlos Menem, que implementó los indultos a los "crímenes del pasado", dando amnistía a los militares involucrados en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, a los detenidos por su actuación durante la guerra de Malvinas y a los involucrados en los levantamientos militares del período previo. Al año siguiente extendió los indultos tanto a los ex comandantes de las juntas como a los líderes de las organizaciones armadas presos o procesados. Dejó vigentes las penas destinadas a castigar a los militares que habían protagonizado el último levantamiento. Todo esto supuso la clausura de los canales de judicialización por más de una década. Recién en 2001, con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida se hizo posible reabrir las causas penales.

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