La Violencia En Colombia

La violencia en Colombia

Escribí este trabajo como una contribución al debate en la Jornada de Reflexión sobre Colombia, que tuvo lugar en Estocolmo el día 26 de abril de 1997. Yo esperaba que estas líneas estimularan una discusión abierta, franca, fraternal y constructiva. Por desgracia no fue así. Mis opiniones fueron recibidas con tergiversaciones, provocaciones de índole personal y amenazas veladas. A pesar de esto, cada día recibo más y más manifestaciones de simpatía y comprensión, así como muchas opiniones que enriquecen y complementan mis puntos de vista. Por esta razón, creo de interés publicar estas notas.

Cuando se habla de "la violencia en Colombia" se corre el riesgo de emplear una fórmula que muchas personas entienden de muy diferentes modos. Unos piensan en los horribles crímenes del narcotráfico, con sus asesinos a sueldo o "sicarios", sus bombas y sus implacables atentados contra jueces, periodistas y políticos honrados. Otros piensan en los grupos paramilitares con las espeluznantes masacres, mutilaciones y torturas de sus víctimas que son casi siempre gente humilde del pueblo, trabajadores, campesinos, estudiantes, sindicalistas. Otros evocan las emboscadas guerrilleras, los atentados contra oleoductos y empresas extranjeras, los ajusticiamientos de "sapos" presuntos o reales y, últimamente, las ejecuciones en masa de personas desarmadas de diversa edad y condición. Otros, en fin, traen a la mente los secuestros, los robos, la delincuencia brutal de las ciudades y los campos, en un país que ostenta las más altas cifras de muertos por causas de violencia en todo el continente americano, con 40.000 víctimas cada año.

Pero sea cual sea la imagen que uno tenga en la mente cuando pronuncia la expresión "violencia en Colombia", quedan siempre en pie estos hechos terribles: en las ciudades y regiones más densamente pobladas del país, la primera causa de muerte es el asesinato o el homicidio y la segunda, el infarto cardíaco. Colombia tiene el récord mundial de secuestros, con un índice de un secuestro cada seis horas. Tiene también el récord mundial, en cifras absolutas, de refugiados internos (desplazados): más que Ruanda o Zaire, Bosnia, Afganistán, Kurdistán y Chechenia. Más del diez por ciento del total de periodistas asesinados en el mundo entero en los últimos cinco años, son colombianos. Colombia tiene el récord continental de asesinatos de maestros y solamente es superada en este flagelo, a nivel mundial, por Argelia. Colombia es el único país en el mundo que ha sufrido en un solo año (1989-1990) el asesinato de tres candidatos a la Presidencia de la República (Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro). Por si esto fuera poco, todos los expertos coinciden en pronosticar que el período pre-electoral 1997-98 será el más violento en toda la historia de Colombia.

Estos datos son, por sí solos, terroríficos. Pero toda su horrenda significación se pone al descubierto cuando se establece que cerca del 70 por ciento de todas las violaciones de los Derechos Humanos que se cometen en el país, son de responsabilidad de agentes del Estado colombiano, militares, policial y paramilitar.

(Aquí debo, por fuerza, hacer una precisión. Los representantes de una guerrilla colombiana en Suecia han protestado por la publicación de estas cifras porque, según ellos, lo que estoy afirmando en realidad es que la guerrilla de ellos es responsable del 30 por ciento de las violaciones de Derechos Humanos en Colombia. Su razonamiento es éste: "Si se dice que el 70 por ciento de las violaciones de Derechos Humanos en Colombia son de responsabilidad del estado, el 30 por ciento restante deberá por lógica ser responsabilidad nuestra. Por lo tanto, se nos está calumniando y en consecuencia se le está haciendo el juego a los paramilitares". Así lo han expresado públicamente, por consejo y asesoría de un viejo provocador profesional cuya labor consiste en sembrar odios y recelos entre los colombianos residentes en Suecia, a cambio de un sueldo que le pagan los inversionistas suecos en Colombia.

Pero la realidad es otra. Si se dice que el 70 por ciento de las violaciones de los Derechos Humanos en Colombia son de responsabilidad del estado colombiano, se dice eso y nada más que eso, repitiendo simplemente lo que dice Amnistía Internacional en su informe de 1996, lo que dicen los juristas colombianos y lo que dijo en su oportunidad el Defensor del Pueblo, doctor Jaime Córdova Triviño. Del 30 por ciento restante nada se ha dicho por ahora. Pero no tengo ningún inconveniente en decir lo que me parece sobre ese punto: el 30 por ciento restante deben repartírselo entre la mafia del narcotráfico, la delincuencia común, los agentes de alguna potencia extranjera y los diversos grupos guerrilleros que operan en el país. Queda claro, entonces, que una de las guerrillas no es responsable por el 30 por ciento sino por menos. Y como no dispongo de cifras confiables al respecto, prefiero no decir nada en ese particular.)

Paralelamente Colombia tiene, igualmente, el récord mundial en cantidad de organizaciones independientes ocupadas en la defensa de los Derechos Humanos. Hay comités regionales y locales, organizaciones de abogados y centros que se especializan en la defensa de determinados grupos de la población, por su identidad étnica o cultural, por su actividad profesional, etc. Se pensaría que todos esos esfuerzos están coordinados a través de una red de solidaridad nacional e internacional que garantiza la más amplia defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Pero, por desgracia, éste no es siempre el caso. Con frecuencia se observa una celosa desconfianza mutua entre los distintos grupos de activistas por los Derechos Humanos. La gran diversidad de estos grupos no parece obedecer a la necesidad de extender la solidaridad a todos los sectores de la población civil afectados por la violencia, sino más bien a la urgencia que tiene cada grupo de asegurarse para sí y sus allegados una defensa que los otros grupos no les ofrecen, por exclusión sectaria o por otras razones ideológicas o políticas. En otras palabras, la enorme diversidad y dispersión, la falta de unidad y de coordinación en los trabajos por los Derechos Humanos, no son sino el reflejo de la trágica dispersión, división y fraccionamiento de las fuerzas y corrientes políticas del pueblo colombiano.

A esta dispersión, caracterizada por la desconfianza recíproca, el recelo y la endurecida negativa de unos y otros a asumir tareas conjuntas en bien del pueblo, contribuyen los agentes provocadores del estado, dentro del país y en el exilio. Estos agentes se infiltran en organizaciones de izquierda, siembran la división,

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