Cómo Se Afronta Una Crisis Fiscal: Caso Colombia 1999

Título:

Cómo se afronta una crisis fiscal: Caso Colombia 1999

Introducción:

Cada vez que un país entra en crisis, se reevalúa cual es la posible afectación que podrá tener en los demás países a su alrededor. La crisis por la que atravesaron en su momento los países asiáticos provocó una repercusión en los países latinoamericanos, cosa que no se pensó de manera seria, hasta que simplemente estalló. La finalidad de este trabajo es hablar sobre las consecuencias que sucedieron después de que estalló la crisis, principalmente en el país de Colombia donde el Ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo declaró que aunque el país se encontraba en crisis no se tomaría la opción que tomaron otros países, la de considerar al Fondo Monetario Internacional para solicitar un stand by. El documento considera las principales consecuencias de la crisis y las decisiones políticas que se tomaron para enfrentarla. Dentro de este análisis pretendemos que se visualice de una manera más clara cuales fueron los resultados de haber tomado dichas decisiones en la economía interna del país y detallaremos las consecuencias hasta llegar de nuevo al punto de inicio donde el Fondo Monetario Internacional se introduce nuevamente en la situación de Colombia y esta decide tomar su apoyo para salir adelante.

Desarrollo:

Antecedentes del problema:

La crisis fiscal por la que estaba atravesando Colombia en 1999, ocasionada en gran medida por el efecto de la crisis del sudeste asiático, tenía al país sudamericano con graves problemas económicos: disminución de exportaciones, déficit del gobierno central, déficit en cuenta corriente, deuda externa e interna en crecimiento, tasas de interés altas y PIB negativo, principalmente.

El Gobierno tenía dos opciones principales: aceptar negociaciones con el FMI y así obtener recursos frescos para hacer frente a los problemas mencionados o bien dar reversa a las medidas derivadas del Consenso de Washington que permitió la liberación financiera y comercial a principios de la década.

Identificación de los protagonistas:

El ministro de Hacienda de Colombia, Juan Camilo Restrepo Salazar, que aseguraba en junio de 1999 que su país no necesitaba un Programa del Fondo Monetario Internacional, de los llamados “stand by”.

El FMI que habiendo enviado una misión la última semana de abril, adelantó para julio otra visita programada para agosto o septiembre.

El Banco de la República, que viendo el deterioro externo y financiero de Colombia exigió al Gobierno un programa para suscribir un Acuerdo con el FMI.

Definición del problema:

En 1999, Colombia, al igual que otros países de América Latina, padecía los efectos de la crisis del sudeste asiático, en particular escasez de crédito y disminución de las exportaciones, mismas que fueron en caída durante varios años, lo que generó un incremento en el déficit de cuenta corriente, llegando en 1998 a 2,341 millones de dólares, provocando a su vez un aumento en la deuda externa para conseguir recursos.

Por otra parte el gasto público no era proporcional a los ingresos fiscales, ocasionando un crecimiento en el déficit público.

El gobierno de Andrés Pastrana recibió en agosto de 1998 un país con un déficit del gobierno central equivalente al 5.5% del PIB (siete billones de pesos), una deuda del 9% del PIB (12 billones de pesos), el pago de intereses era de casi 4 billones de pesos, lo que representaba una tercera parte de los ingresos corrientes de la Nación, en total, más de 22 billones de pesos, el 50% del presupuesto nacional, o 20% del PIB colombiano.

El PIB venía decreciendo desde el último trimestre de 1998 y en el transcurso de 1999 había alcanzado niveles negativos.

El PIB es el nombre que se le da al valor total de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año dado (…) El PIB se utiliza para muchos fines pero el más importante es medir el desempeño global de una economía. (Samuelson y Nordhaus, 2010, p.393)

Algunos indicadores para Colombia, 1990-1999. Donde se aprecia el decrecimiento del PIB.

El déficit público venía creciendo a lo largo de la década de 1990 por dos caminos que se entrecruzaban: el aumento del gasto público y el comparativamente lento crecimiento de los ingresos pero no había sido tan evidente ya que el mayor gasto, consumo e inversión se financiaron con recursos transitorios, como el crédito a los particulares, una amnistía tributaria y la revaluación del peso que le dio recursos al banco de la republica, y la venta de importantes activos del Estado. Cuando esos efectos fueron difuminando se empezó a presentar el problema para mantener en marcha la economía.

La necesidad de financiamiento a través del crédito para alcanzar los ingresos requeridos trajo como consecuencia un aumento de la deuda total del gobierno nacional central.

Por otra parte, las tasas de interés iban en aumento, medida que tomó el gobierno como medida urgente para evitar una devaluación.

Cuando el gobierno gasta más de lo que recibe por impuestos, el resultante déficit presupuestal disminuye el ahorro nacional. La oferta de préstamos disminuye y la tasa de interés de equilibrio aumenta. Así, cuando el gobierno pide prestado para financiar su déficit gubernamental, deja fuera a hogares y empresas que de otra manera hubieran pedido prestado para financiar la inversión. (Mankiw, 2009, p.590)

El equilibrio macroeconómico nacional era precario y el gobierno tenía dos grandes opciones: conseguir recursos frescos para atajar la dinámica deficitaria o bien dar reversa a las medidas derivadas del Consenso de Washington, que, en el caso de Colombia sumó a los problemas productivos, la caída en los ingresos tributarios por las rebajas arancelarias, las privatizaciones de empresas que eran fuente de ingresos estatales y las exenciones a los inversionistas, a la par que la economía se volvió cada vez más dependiente de los flujos de capital externo. Cuando por alguna razón no continuaran llegando los capitales, tendría que afrontarse un problema de balanza de pagos.

El primer camino implicaría aceptar las negociaciones con el FMI. El segundo estaba condicionado por los acuerdos explícitos e implícitos que el país había adquirido desde comienzos de la década de 1990.

A principios de junio de 1999, el ministro Restrepo Salazar sintetizó el problema en tres aspectos: deterioro de ingresos fiscales por el estancamiento de la economía, la crisis de la banca y déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, pero al mismo tiempo anunció: “el país no necesita un programa de los que llaman stand by” del Fondo Monetario Internacional (Restrepo, 1999ª).

El gobierno Colombiano había recibido una visita del FMI en abril de 1999 y una visita programada para agosto o septiembre se había adelantado al mes de julio, ante esto, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Armando Montenegro (1999), reiteró que sería conveniente que Colombia entrara en un programa de ajuste con el FMI como el que habían firmado otros países de America Latina. “La función principal del FMI es hacer préstamos temporales a los países que tienen problemas con su balanza de pagos o que se encuentran bajo un ataque especulativo en los mercados financieros” (Samuelson y Nordhaus, 2010).

Sin embargo el 16 de junio, para calmar los ánimos, el ministro Restrepo afirmó: “La visita que el FMI tiene programada para Colombia es de rutina, como todos los años. Y no es que haya un desembarco de marines” (Restrepo, 1999b).

Por otra parte mencionó que las medidas que adoptaría el gobierno nacional para enfrentar la crisis serían: una reorientación del gasto a favor de las obras públicas, aumento en los subsidios de vivienda, los planes para la reconstrucción de la zona cafetera colombiana (azotada por un terremoto seis meses atrás), nuevos programas bancarios y de reestructuración de deudas, apoyo a cultivos con un alto valor agregado como el algodón, promesa de sustentar el precio interno del café y otras medidas similares, todas destinadas a la reactivación del aparato productivo.

Hacer un reajuste al sistema de transferencias de recursos a las entidades subnacionales para dejar mayores disponibilidades al gobierno nacional.

Agregó que el alza en el precio internacional del petróleo que se estaba dando en esas semanas incidiría de manera favorable en las finanzas públicas.

Por otra parte, en reunión con Presidente Pastrana, la Junta Directiva del Banco de la República, le exigió suscribir un acuerdo con el FMI, lo que el gobierno vio como algo inevitable dada las condiciones a que había llegado la economía, era urgente terminar con la especulación y la intranquilidad cambiaria.

Leonardo Villar, miembro de la junta, señalo que, dado que el total de la deuda privada ascendía a 16 mil millones de dólares, cerca de 40% de la deuda total (externa e interna), una devaluación del peso afectaría negativamente los balances de quienes estuvieran endeudados en dólares. Esta fue la razón para que se gastaran más de tres mil millones de reservas internacionales. No se pudo defender la banda cambiaria y en cambio sí se disminuyeron las reservas internacionales, con lo cual aumentaba la sensación de peligro para los acreedores.

Pero si se devaluaba la tasa de cambio, también los inversionistas externos tendrían pérdida al intentar liquidar sus capitales y rendimientos. Mientras el gobierno insistía en mostrar los logros en medio de la crisis, las exigencias del FMI se mantenían inmodificables: buscar mayor crecimiento económico, alcanzar el equilibrio macroeconómico, adoptar una política monetaria restrictiva y mantener un nivel adecuado de reservas internacionales.

Como se observa, uno de los puntos clave en la identificación del problema fiscal era el excesivo gasto público, según la explicación gubernamental.

Para mediados de julio de 1999, las fuentes de financiamiento externo parecían haberse agotado. El país requería más de dos mil millones de dólares y las entidades multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se negaban a conceder préstamos si no se contaba con el aval del FMI, la solución que encontró el gobierno fue iniciar conversaciones con el Fondo para obtener un desembolso de tres mil millones de dólares.

En una conferencia pronunciada el 16 de julio, después de hacer pormenorizado recuento de las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar las varias aristas de la crisis económica, el ministro anunció: “por último, quiero contarles que también tenemos llanta de repuesto. El gobierno y el Banco de la República han aceptado la oferta que en diversas oportunidades ha hecho el director del Fondo Monetario Internacional de una línea de crédito precautelativa del orden de tres mil millones de dólares, que nos permitirá consolidar y blindar el programa macroeconómico del país”.

La visita del FMI, el 17 de julio se anuncio que la firma estadounidense Thomson financial BankWatc había reducido la calificación de riesgo soberano de Colombia de BBBa- a BB+, ante el deterioro del ambiente social y económico del país, es decir, que paso del grado “inversión” al “especulativo”.

El 12 de agosto, la firma Moody´s bajó la calificación del nivel Baa3 a Ba2, lo que puso a los papeles colombianos en el grupo de inversiones especulativas. “la decisión refleja la mayor debilidad de los fundamentos económicos del país ante un deterioro en sus finanzas públicas y en la balanza comercial”

Ahora que la Misión del FMI se había instalado en las oficinas del Banco de la República de Colombia, la pregunta era si el monitoreo terminaría indicando la necesidad de un préstamo stand by y, en consecuencia de un plan de ajuste vigilado por la institución. A pesar del anuncio del ministro Restrepo de junio de 1999, ¿habría que darle la razón al FMI? ¿no eran suficientes las medidas anunciadas por el gobierno en los días previos y ya en trámite ante el congreso de la República?

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