EDUCACION SUPERIOR

EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO

Algunos aspectos necesarios de la modernización de la educación superior fueron resumidos por la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUlES) en 1989: a) impulso a la investigación científica y tecnológica ligada al desarrollo del posgrado; b) actualización de planes, programas y métodos pedagógicos; c) incentivo al uso de la computación y las técnicas informáticas en la educación superior; d) adecuación de los laboratorios de enseñanza para estimular

la creatividad; e) mayor simplificación y eficiencia de la administración de las casas de estudio; f) mayor integración del sistema de educación superior en lo normativo y en lo funcional; g) regionalización del sistema de educación superior; h) formación de investigadores y de profesores; i) mejoras presupuestales para salarios y gastos de operación (Exc. , 1411V/89).

La ANUlES en coordinación con la SEP también tomó los resultados de los primeros ejercicios de evaluación demandados a las instituciones de educación superior para advertir que las deficiencias y situaciones adversas del sistema universitario eran estructurales y de carácter funcional, habiéndose agravado en la mitad de los ochenta. Con base en este diagnóstico pesimista, la ANUlES presentó a la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES) diez tareas prioritarias que requerirían recursos adicionales a fin de corregir la problemática identificada, así como cinco programas interinstitucionales de alcance nacional. Las metas prioritarias serían: actualización de programas y mejora en la formación de profesionistas, docentes e investigadores; revisión y readecuación de la oferta educativa entendida como atención al número de matrícula; oferta de carreras según necesidades regionales; cierre de programas innecesarios; actualización de la infraestructura académica (en cuestión de bibliotecas, sobre todo); definición de investigación y posgrado con base en una visión nacional; reordenamiento administrativo y normativo de las instituciones; creación de un sistema moderno de información académica (carencia endémica en el sistema de educación superior); diversifiación de las fuentes de financiamiento y participación de los sectores sociales y productivo en las tareas de la educación superior; establecimiento de estímulos académicos y deshomologación salarial; y mejoramiento del procedimiento para otorgar subsidios. Estos programas se implantarían paulatinamente y de acuerdo con las condiciones de cada centro de estudios (uu, 21/IV/91).

Por su cuenta la SEP proponía metas similares: a) rigor en los mecanismos de admisión, b) revisión periódica de planes y programas de estudio, e) deshomologación de salarios con base en criterios de productividad y calidad, d) áreas de docencia e investigación relacionadas con necesidades sociales, e) reconceptualización de la difusión cultural, f) no gratuidad de la educación superior en ninguna de sus modalidades, g) regulación de la administración de las instituciones de educación superior a efectos de desburocratizarías y reducir sus gastos, h) que los cargos directivos universitarios se asignaran por méritos académicos y que la toma de decisiones recayera en cuerpos colegiados (U, 6/VI/1993). También se sugería ampliar la duración de los rectorados extendiéndolos a plazos más largos de los habituales cuatro años y cambiar la forma de designación por voto directo, cuando esta existiera, dado que otorga fuerza a cuerpos menos experimentados como los estudiantes (U2000, 27/XI/1992).

También el CUPIA (Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines) reclamó en 1994 la constitución de un Consejo de Educación Superior para encarar la planeación a nivel nacional de la educación superior. La necesidad de una superestructura política y administrativa para el sector se había planteado desde fines de los años ochenta. Se rumoreó la posibilidad de constituir una Secretaría de Educación Superior; pero al igual que la hipótesis de crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología la medida fue descartada posiblemente debido al temor de crear un nuevo ente burocrático inoperante. El CUPIA también demandó federalizar la educación superior, dando más participación a los gobiernos locales en la gestión de la educación superior; así como incrementar a 1.5% del PIB el presupuesto del sistema, racionalizar el peso excesivo de la nómina en los presupuestos, mejorar los sueldos y el nivel de estudios de los profesores y descentralizar el sistema tecnológico (Exc. , 14/XI/1994). Algunas de estas medidas habrían de ser establecidas siquiera de forma parcial. La fórmula de la federalización, en particular, que había cobrado vigencia como solución a los problemas de la educación básica y cuyas relaciones de afinidad o de diferencia con la descentralización administrativa no son claras, empezó a aplicarse formal o informalmente en aspectos como la política de ciencia y tecnología o por la intervención de algunos gobernadores en la solución de los problemas de las universidades de sus respectivos estados.

Un tema no abordado en estas estrategias era el de las relaciones laborales en las universidades, sobre todo en lo relativo al personal administrativo, que suele animar los sindicatos con mayor fuerza en el ámbito de la educación superior. Pero en ocasión de las dos prolongadas huelgas que sostuvo el sindicato de la UAM en 1994 y 1996 surgió en la SEP y en ANUlES la opinión de que sería conveniente adecuar el marco normativo laboral de las universidades con base en la idea de que puede haber contradicción entre el derecho de huelga y el derecho a la educación. A mediados de 1996, un fallo de la Suprema Corte de justicia sobre un litigio sindical en la Universidad de Guadalajara (UdeG) abrió la posibilidad de que la libertad de sindicalización fuera consagrada a nivel nacional, lo que no fue bien recibido por algunos líderes sindicales universitarios, pese a que por lo común estos son críticos del corporativismo oficial, el más afectado en principio por el fallo.

En el correr de los años noventa también los organismos internacionales tuvieron algo que decir sobre la educación superior mexicana, en una escala que no tenía precedentes. En 1991 se expidió el informe "Estrategia para mejorar la calidad de la educación superior en México", que el gobierno federal había solicitado al Consejo Internacional de Desarrollo Educativo (ICED) presidido por Philip Coombs, un experto que ya había sido influyente en las reformas educativas impulsadas en México en los años setenta. El ICED criticó el concepto de autonomía tal como se practica en las universidades mexicanas, considerándolo exagerado y favorable a los grupos de interés que se oponen al cambio. La autonomía no podía ser total, porque las instituciones debían rendir cuentas a los contribuyentes. Para esto era necesario establecer un sistema de acreditación y evaluación independiente del gobierno y de las instituciones mismas. En la base de ello estaría el cambio de una estrategia cuantitativa a otra cualitativa condicionando la entrega de dinero a las instituciones a la realización de transformaciones académicas.

En otros temas el ICED recomendaba reconsiderar el pase reglamentado17 y criticaba la excesiva diferenciación entre instituciones educativas públicas y privadas en aspectos de gestión, desarrollo académico y cuerpo de profesores. En las universidades públicas había un exceso de profesores de asignatura y los sueldos eran demasiado bajos. También proponía el establecimiento de un examen nacional de ingreso a las universidades, la subdivisión de las macrouniversidades buscando un tamaño ideal de 20,000 matriculados, el cambio en la UNAM de un modelo de facultades a otro departamental, y la creación de un sistema de actualización a distancia para profesores de la enseñanza media superior.

El Banco Mundial propuso también diversificar la educación superior y aumentar los cobros de colegiaturas y servicios prestados por las instituciones públicas. Luego del ingreso de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) este organismo también comenzó a hacer estudios y recomendaciones sobre la educación superior y el desarrollo científico y económico del país, como lo hace regularmente con todos los países miembro. Previendo la continuación de la demanda social de educación superior en México, en razón de la extensión de la educación básica a contingentes mayores de población, la OCDE recomendó también redefinir la autonomía de las universidades y crear un sistema nacional de educación media con reglas comunes; implantar examen de admisión para todos los aspirantes a la licenciatura y apelar a nuevas formas de financiamiento para que las instituciones de educación superior moderaran su dependencia casi exclusiva del subsidio federal; flexibilizar las licenciaturas y acercar las normales a las universidades; mejorar la formación de profesores y hacer el mayor énfasis en la evaluación y acreditación.

Las estrategias puestas en marcha por la SEP y ANUIES coincidieron con algunas de las anteriores recomendaciones, incluso a veces antes de que los documentos de los citados organismos fueran emitidos. La CONPES animó desde 1990 los trabajos del Programa de Modernización educativa 1989-1990, encomendándolo a nuevos organismos como la Comisión Nacional de Evaluación (CONAEVA) o el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET). La política para la educación superior en la primera mitad de los noventa se centró en gran medida en la institucionalización de un sistema de evaluación de la educación

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