Ensayo ¿La Transparencia como política pública eficaz en la rendición de cuentas?

¿LA TRANSPARENCIA COMO POLÍTICA PÚBLICA EFICAZ EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS?

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo primordial realizar un análisis de manera general, acerca de si la política pública de la Transparencia, implementada en México desde hace más de diez años, ha resultado eficaz en el esquema de la rendición de cuentas que se intenta llevar a cabo en nuestro país, entendido ésta como una obligación de los servidores públicos de informar y justificar sus acciones a los ciudadanos, e incluso responsabilizarse de ellas; o si por el contrario, todo lo recorrido a lo largo de este tiempo en la materia, ya sea mediante la apertura al ciudadano de la ventana pública, con vista a la información de esta naturaleza en todo momento, o a través del ejercicio del derecho de acceso a la misma, regulado por los cuerpos normativos en el tema.

Es así que, en la parte de este ensayo relativa a la exposición y análisis del tema, se comenzará por establecer los antecedentes de la transparencia y rendición de cuentas, para pasar a definir su concepto y su marco teórico, para finalmente estar en aptitudes de mostrar el índice de percepción de la corrupción (IPC) 2016, presentado por la organización Transparencia Internacional, así como el de los años 2005 y 2010, el primero de los años que fue cuando comenzó con mayor auge en nuestro país, la implementación de la política de la transparencia y no solo en el orden legal, y el segundo mes para que refleje la evolución del índice, para que de manera comparativa y a manera de conclusión, se logre reflejar con esa simple herramienta, pero muy certera, al medir la percepción ciudadana, si han sido eficaces las acciones realizadas por nuestro gobierno o no han logrado su objetivo, a pesar de la excesiva carga presupuestal que ha implicado ello y de los grandes esfuerzos que conlleva realizados por todos los actores involucrados en el tema, desde servidores públicos hasta la propia sociedad civil.

1. ANTECEDENTES DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MÉXICO.

El tema de la transparencia surgió en México alrededor de los años setenta, y no fue hasta el año de 1977, que se aprobó la reforma al artículo 6° Constitucional y regular el derecho a la información como garantía constitucional, concebido este en principio, según Ricardo Cortés Ontiveros^[1], en una prerrogativa electoral de los partidos políticos a fin de difundir su ideología y programas en los medios de comunicación, luego como un derecho social, para finalmente elevarlo a la categoría de derecho humano; autor que también refiere que es factible explicar el origen de la transparencia como una vertiente del derecho de acceso a la información pública (definido éste como la prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de entidades públicas y empresas que ejercen gasto público o cumplen funciones de autoridad con las excepciones taxativas que establezca la ley en una sociedad democrática), bajo el atractivo de abatir la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas, al tener éstas la posibilidad de utilizar las leyes de acceso y transparencia como herramientas para nutrir de mejores contenidos la toma cotidiana de decisiones que realizan día con día, según refiere.

En esa lid, se considera que el tema de la transparencia como política pública en México, teniendo como base la reforma al artículo 6 de nuestra Carta Magna, en donde se consagra el derecho a la información como garantía, surge con un gran auge en la agenda pública, alrededor del año 2001, más bien como una necesidad para legitimar la transición democrática que un año antes se había dado en nuestro país, con el cambio de la titularidad del gobierno ejecutivo federal, de una administración de extracción priista por 75 años, a una nueva administración panista, con la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, a través del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada y así lograr su consolidación. Como ejemplo de ello, fue la labor y el empuje para ello que realizó el Grupo Oaxaca, en el mes de mayo de 2001, consistente éste en una coalición de la sociedad civil, convocado por la Universidad Iberoamericana, la Fundación Información y Democracia, la Fundación Konrad Adenauer, El Universal, la Asociación de Editores y la Fraternidad de Reporteros de México, que fue quien presentó el primer proyecto de ley de transparencia y acceso a la información, así como la creación de un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, como un órgano autónomo, con presupuesto y patrimonio propio, mismo que fue adoptado por el 6 de diciembre de 2001, por los miembros de todos los partidos representados en la Cámara de Diputados, a excepción de los del Partido Acción Nacional, según lo relata Cortés Ontiveros. Y no fue sino hasta junio de 2002, que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación un día después, siendo éste el parte aguas para la generación de políticas públicas de transparencia y de rendición de cuentas de manera progresiva en nuestro país, de manera que a esta fecha se ha dado una sobre carga legislativa en el tema, tanto a nivel local, como federal, ya que existen ordenamiento, como la Ley Federal y la Ley General de Transparencia, las leyes estatales de la materia, así como los lineamientos expedidos por el vigente Sistema Nacional de Transparencia, así como por los órganos garantes locales, lo cual más allá de garantizar el derecho de acceso a la información, hace más complicado a los actores involucrados, háblese de ciudadanos o de servidores públicos responsables de garantizar dicho acceso, hacerlo válido.  

Ahora bien, centrémonos en establecer el origen de la rendición de cuentas en México, para lo cual, Luis Carlos Ugalde^[2] refiere que es un tema de muy reciente estudio en nuestro país, desde una perspectiva de ciencia política, pero desde un enfoque histórico, la necesidad de acotar y supervisar el poder ha sido un problema planteado por cerca de doscientos años, desde el Congreso Constituyente de 1824, que se debe a en buena medida a que esa primera Constitución del México Independiente tuvo una marcada inspiración estadounidense, por la que se adoptó una forma de gobierno con separación de poderes, gobiernos locales soberanos y una Federación, a la cual se adherían; abriéndose por primera vez en México el debate, entonces muy imperfecto, sobre la rendición de cuentas. De esta forma, es como México adoptó una forma de gobierno representativa, popular y federal, y se dividió el Supremo Poder de la Federación para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, acorde a lo que establece el citado autor. En ese contexto, se originaron los famosos “check and balance”, traducidos al español, como el sistema de pesos y contrapesos para el control del actuar de los tres poderes y como ejemplo de ello, señala Ugalde^[3] algunos esquemas de estos pesos y contrapesos previstos en la Constitución de 1824, como veto presidencial, o el otorgamiento de autonomía y facultades al Gobierno federal y a los estados, en donde el Poder Ejecutivo tenía margen de maniobra, pero su suerte no es equiparable al del Legislativo, ya que el Congreso tenía la facultad de fijar los gastos de la Federación y las recaudaciones, y llamar a cuentas al Gobierno con una periodicidad anual, o bien, la prerrogativa constitucional del Congreso bajo ciertas circunstancias de destituir al Presidente entre otros.

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