Obligaciones

INTRODUCCIÓN

El problema central de esta tesina, se orienta al análisis de los principales problemas que generan dificultades para el acceso a la justicia, especialmente la situación económica y cultural de las personas. Se analiza con detenimiento y amplitud los problemas que los Estados deben resolver para garantizar a sus ciudadanos el acceso a la justicia, según las decisiones de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema, para lo cual se enfocan los informes especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones consultivas y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho que la obligación de los Estados es de organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos y exige que los Estados deben remover los obstáculos normativos, institucionales, sociales o económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia.

Para desarrollar esta monografía nos planteamos tres hipótesis o problemas que tratamos de responder: ¿Son las condiciones económicas un obstáculo para el acceso al derecho de acceso a la justicia?; ¿Los Estados deben eliminar las diferencias económicas como barreras para acceder a la justicia? y ¿Es la defensoría pública uno de los mecanismo idóneos para garantizar a los más pobres el derecho humano de acceso a la justicia?.

En esa perspectiva se analiza lo que se ha hecho en el país para cumplir este objetivo, principalmente la creación de la defensoría pública penal y su actividad en beneficio de las personas privadas de libertad. Veremos que la defensoría pública se convierte en uno de los mecanismos más idóneos para garantizar a los ciudadanos, especialmente a los más pobres, el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva.

Presentamos datos estadísticos, cifras, de las personas detenidas en el Ecuador, con lo que demostraremos que el encierro y la prisión están dirigidos a las personas que representan un mínimo peligro para la seguridad ciudadana y que los grandes delitos quedan sin sanción; estudiaremos el beneficio que reciben los excluidos económicamente de una defensoría pública de calidad y los principales desafíos de la defensoría pública en el Ecuador.

En este trabajo analizamos la importancia, para la consolidación del Estado constitucional de derechos y justicia, de contar con una defensoría pública gratuita que al ayudar a los más pobres, se convierte en un mecanismo idóneo para garantizar a los ecuatorianos su derecho a contar con un instrumento de ayuda para la defensa de su libertad y cuando ella está en juego, el acceso a los tribunales y juzgados en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos, a sabiendas que cuenta con una institución que garantiza la vigencia de sus derechos fundamentales a través de una gestión de calidad, no de caridad.

En las conclusiones determinaremos que una defensoría pública gratuita, que esté en igualdad de condiciones con el órgano de la acusación, es una forma adecuada de garantizar el acceso a la justicia.

LA DEFENSORÍA PÚBLICA COMO UN MECANISMO PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

1. PROBLEMATIZACIÓN

El objetivo de la Defensoría Pública es garantizar la vigencia de los derechos y la justicia, asegurando a todas las personas el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia.

Siendo el reconocimiento, promoción y garantía de los derechos la finalidad primordial del nuevo modelo de Estado constitucional de derechos y justicia. Esta definición marca la diferencia con los modelos que rigieron al Ecuador en el pasado, pues redefine la relación Estado-sociedad-naturaleza.

En este marco, la norma constitucional es el instrumento por excelencia para la garantía de los derechos; determina el contenido de la ley, consagra mecanismos de garantía de los derechos, establece los límites al ejercicio de la autoridad y la estructura del poder y es de directa aplicación por cualquier persona, autoridad o juez.

En este contexto, los derechos constitucionales, en particular los del Buen Vivir, son, a la vez, límites del poder y vínculos impuestos a la autoridad pública. En este modelo de Estado, la importancia de los derechos humanos, por sobre el derecho concebido como el conjunto de normas jurídicas, es fundamental.

Este objetivo contribuye a la consolidación del Estado constitucional de derechos y justicia, desde las propuestas de políticas orientadas a la adecuación del ordenamiento jurídico con la Constitución, hasta el fortalecimiento del pluralismo jurídico y la institucionalización de los principios de eficiencia, oportunidad, transparencia, honestidad e imparcialidad en el sistema judicial.

Sobre todo, contribuye a garantizar el acceso igualitario a la administración de justicia por parte de todos los ecuatorianos, en particular de las personas que necesitan atención prioritaria. Finalmente, se establece especial atención a los derechos de las personas privadas de la libertad y de sus familias y se busca garantizarlos y protegerlos, a través de la acción pública orientada a garantizarles una defensa gratuita, oportuna y eficaz y la reforma integral de un sistema de rehabilitación social, que permita generar oportunidades de integración social y económica en este sector.

Las condiciones económicas de las personas son un verdadero obstáculo para que, en igualdad de condiciones, puedan acceder a la justicia. Por ello el derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado estándares sobre el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole, que faciliten el acceso a la justicia y resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales.

En tal sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que la obligación de los Estados no es sólo negativa, -de no impedir el acceso a esos recursos- sino fundamentalmente positiva, de organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos. A tal efecto, indica, los Estados deben remover los obstáculos normativos, institucionales, sociales o económicos, que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia. En los últimos años, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos –SIDH- ha reconocido la necesidad de comenzar a delinear principios y estándares sobre los alcances de los derechos al debido proceso judicial y a la tutela judicial efectiva, en casos que involucran la vulneración de derechos económicos,

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