LA POBREZA, EL DESEMPLEO Y LA DESIGUALDAD EN COLOMBIA

LA POBREZA, EL DESEMPLEO Y LA DESIGUALDAD EN COLOMBIA

POR:

MANUELA BETANCUR JARAMILLO

LUISA FERNANDA PEREZ CHICA

GRUPO: 002

UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

FACULTA DE DERECHO

MEDELLIN

2016

TABLA DE CONTENIDO.

1. ELEMENTOS GENERALES………………………………………………………….. 3
2. AREA DEL DERECHO EN QUE SE CIRCUNSCRIBE EL TEMA …………………. 3

1.3 LUGAR GEOGRAFICO EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO ………… 3

1.4 . TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN DEL PROYECTO …………………………. 3

1.5. INVESTIGADOR(ES)………………………………………………………………….. 3

2. TÍTULO (POSIBLE)…………………………………………………………………........ 3

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA………………………………………………………. 3

4. PREGUNTA……………………………………………………………………………….. 5

5. JUSTIFICACION…………………………………………………………………………. 6

6.1 OBJETIVO GENERAL………………………………………………………………….. 6  

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS……………………………………………………………., 6

7. MARCO TEORICO………………………………………………………………………. 7

8. MARCO METODOLOGICO…………………………………………………………… 12

8.1 ENFOQUE EPISTEMOLOGICO…………………………………………….……….. 13

8.2 ENFOQUE METODOLOGICO……………………………………….……………… 14

9. REFERENCIAS………………………………………………………………………… 17

1. ELEMENTOS GENERALES

1.1. TEMA: LA POBREZA, EL DESEMPLEO Y LA DESIGUALDAD EN COLOMBIA

1.2. ÁREA DEL DERECHO EN QUE SE CIRCUNSCRIBE EL TEMA:

1.3. LUGAR GEOGRÁFICO EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO: COLOMBIA

1.4. TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN DEL PROYECTO:

1.5. INVESTIGADOR(ES): LUISA FERNANDA PREZ CHICA Y MANUELA BETANCUR JARAMILLO

2. TÍTULO (POSIBLE): LA POBREZA, EL DESEMPLEO Y LA DESIGUALDAD EN COLOMBIA.

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Hoy en día uno de los problemas que más aqueja al mundo, en especial a los colombianos, es el problema de la pobreza, debido a la crisis financiera y económica, a tal grado que ahora se les considera una seria amenaza a la posibilidad de que las personas que viven en pobreza puedan gozar de derechos humanos. Esta situación tal vez se ha debido a que la distribución de la riqueza y los recursos de nuestro país, está concentrada en un pequeño grupo de personas, no está dividida de una forma equitativa, ni mucho menos, repartida entre la gran población colombiana.

Los colombianos más vulnerables a la pobreza son personas sin techo, niños de la calle, vendedores informales, desplazados, las madres o padres cabezas de hogar, jóvenes con baja o mediana formación educativa que se ven obligados a tomar decisiones que pueden marcar la vida de ellos, como por ejemplo por la desesperación de escasez económica se ven obligados a consumir drogas a robar, hasta muchas veces a matar por algunos cuantos pesos. Debido a la transformación de las ciudades a través de políticas de mejoras y la privatización de la vivienda de interés social, etc. “No se elige la pobreza como estilo de vida”, y por lo tanto  nadie debería ser castigado por vivir en una situación que no eligió.

¿Pero cómo solucionar estos problemas que van aumentando cada vez más y no hemos podido llegar a una solución para todos sin perjudicar a ninguno?

Sabemos que varios de los motivos que han llevado a que el desempleo y la pobreza sigan aumentando, han sido el narcotráfico, la corrupción política, la piratería y el conflicto interno, la falta de oportunidades para esas personas y jóvenes que quieren salir adelante  y que nuestro gobierno está “haciendo”, según ellos, el mayor esfuerzo para reducir poco a poco los altos índices de pobreza utilizando mecanismos avanzados, pero ¿serán estos los correctos y más adecuados para aplicarlos en nuestro territorio? El gobierno se basa en que estos mecanismos han sido eficientes en diversos países de Europa, Asia y América del norte, pero debemos tener en cuenta que las condiciones sociales, políticas y culturales en estos lugares son diferentes. Así que lo que funciona en otros lugares no siempre funcionara en otro, es necesario realizar una serie de estudios para saber si se pueden o no aplicar estos mecanismos.

La expresión “medidas de penalización” para referirse en general a las políticas, leyes y reglamentaciones administrativas por las que se castiga, discrimina y controla a las personas que viven en la pobreza y se socava su autonomía. Estas medidas no son homogéneas en su diseño ni en sus efectos; por el contrario, sus objetivos y repercusiones son muy diversos, dependiendo de las regiones, los Estados, las provincias y los municipios. Algunas dan lugar a la penalización directa, el procesamiento y el encarcelamiento de las personas que viven en la pobreza, mientras que con otras se reglamentan y controlan en exceso distintos aspectos de la vida de esas personas. Ciertas medidas tienen efectos punitivos, como la imposición de fuertes multas, la pérdida de la custodia de los hijos, la pérdida del derecho a recibir prestaciones sociales y la vulneración de los derechos a la privacidad y la autonomía. Algunas están orientadas de forma expresa hacia las personas en situación de pobreza, mientras que otras consisten en leyes, políticas y prácticas neutrales que, aunque dirigidas a toda la población, surten un efecto desproporcionado en quienes viven en la pobreza.

Las medidas de penalización responden a estereotipos discriminatorios conforme a los cuales se da por hecho que las personas en situación de pobreza son perezosas, irresponsables, indiferentes a la salud y educación de sus hijos, deshonestas, que no merecen asistencia e incluso son delincuentes. Como consecuencia de la discriminación y el estigma que padecen, esas personas llegan a sentir temor e incluso hostilidad hacia las autoridades públicas, y confían muy poco en las instituciones que deberían proporcionarles asistencia, con demasiada frecuencia, reciben un trato irrespetuoso y condescendiente de los encargados de formular políticas, funcionarios públicos, trabajadores sociales, agentes del orden, profesores y prestadores de servicios de salud, que no siempre reconocen y apoyan los esfuerzos de las personas que viven en la pobreza por mejorar su existencia, las personas que viven en la pobreza no pueden exigir derechos ni protestar por la violación de esos derechos. Es posible que enfrenten obstáculos para comunicarse con las autoridades por ser analfabetas, por falta de información o por barreras lingüísticas, “situación que afecta en particular en el caso de los migrantes, los pueblos indígenas, las minorías étnicas, los desplazados por la violencia y las personas con discapacidad.”

En lugar de penalizar a los más pobres por su situación de pobreza, el gobierno debe adoptar medidas positivas para derribar los obstáculos jurídicos, económicos, sociales y administrativos con que tropiezan esas personas para tener acceso a la alimentación, la vivienda, el empleo, la educación y los servicios de salud, y que les impiden gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales en condiciones de igualdad con el resto de la población y como parte de una comunidad incluyente.

El  gobierno debería  recurrir solo a la detención y el encarcelamiento cuando resulte preciso hacerlo para satisfacer una necesidad  de la sociedad, y de forma proporcional con esa necesidad, debe asegurarse de que el arresto o la detención no afecte de manera desproporcionada a las personas que viven en la pobreza, y con este fin asegurar que, en la máxima medida posible, al fijar la cuantía de las fianzas se tengan en cuenta las circunstancias económicas y sociales de las personas que viven en la pobreza.

La obligación derivada  de los derechos humanos es la  de “asegurar, por lo menos, la satisfacción de un nivel esencial mínimo de todos los derechos económicos, sociales y culturales”, la responsabilidad de garantizar un nivel de vida adecuado mediante la subsistencia básica, lo que supone prestar servicios esenciales de atención primaria de salud, vivienda básica y formas básicas de educación.

Por lo tanto el gobierno debería tomar todas las medidas necesarias para eliminar todas las formas de discriminación directa e indirecta contra las personas que viven en la pobreza, desempleo y desigualdad, crear un entorno que facilite la participación de las personas que viven en la pobreza en la vida pública y en las decisiones que afectan su vida.

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