EL DEREDCHO A UNA EDUCACION DE CALIDAD

REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación

2007, Vol. 5, No. 3

EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS EN

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

OREALC/UNESCO Santiago

1. EL CONTEXTO: LOS PRINCIPALES DESAFIOS PARA LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE LA

REGIÓN

Los principales problemas que enfrentan América Latina y el Caribe para llevar adelante un

proceso de desarrollo humano sostenible y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio tienen que

ver con el incremento del desarrollo productivo para combatir la pobreza, la superación de las

desigualdades y de la fragmentación sociocultural, y el fortalecimiento de las instituciones

democráticas.

1.1. La superación de la pobreza

En los últimos años, América Latina ha hecho importantes esfuerzos para superar la pobreza,

la que efectivamente se ha ido reduciendo, aunque a un ritmo inferior al deseado. En el año 2005,

todavía un 39,8% de la población latinoamericana y caribeña vivía en condiciones de pobreza (209

millones de personas), y un 15,4% (81 millones) en la indigencia (CEPAL, 2006). Cifras mejores que

las del 2002, cuando la pobreza y la indigencia alcanzaban un 44% y un 19,4% respectivamente. En

cifras absolutas, entre 2002 y 2005 la pobreza disminuyó en 12 millones de personas y los indigentes

en 16 millones, lo que significa que por primera vez la tasa de pobreza descendió bajo el nivel de

1980, año en el cual un 40,5% de la población fue contabilizada como pobre.

Para poder reducir la pobreza extrema a la mitad antes de 2015, que es el primero de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio, los países deben todavía hacer grandes esfuerzos por elevar las

tasas de crecimiento económico. Se estima que los países de mayor pobreza debieran crecer a un ritmo

del 7% promedio anual, lo cual es muy difícil de lograr. En cambio, los de menor pobreza podrían

alcanzar dichas metas si mantuvieran las tasas actuales de crecimiento (CEPAL, 2005). Aunque el 2006

haya sido el cuarto año consecutivo de crecimiento económico en la región -el mejor resultado en los

últimos 25 años-, ayudado por el ciclo favorable de las principales economías mundiales, el promedio

de crecimiento sigue siendo escaso (2,2% entre 1980 y 2002) si se compara con la necesidad que

tienen los países de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (CEPAL, 2006).

1.2. El combate a las desigualdades sociales

A pesar que en muchos países la pobreza ha disminuido, la desigualdad en la distribución del

ingreso continúa siendo una gran preocupación en América Latina y el Caribe. En la región, todavía el

10% más rico supera en 20 veces o más el ingreso del 40% más pobre.

Entre las causas a las que se atribuye la desigual distribución del ingreso se señala la

inequitativa distribución del patrimonio, que es aún más marcada que la propia distribución del

ingreso; la composición demográfica de los hogares (las familias de menores recursos tienen más hijos

que las de mayores recursos); la educación (los pobres aún no alcanzan un umbral educativo que les

permita salir de la pobreza); el empleo (los hogares pobres son más numerosos y tienen menos

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miembros que reciben ingresos); y finalmente, el gasto social cuando es regresivo y no progresivo, esto es, cuando no cumple con su papel redistributivo1.

Aunque la inversión social (en educación, salud y seguridad social, entre otros) haya aumentado en un década de 10.1% al 18.8% del gasto público (Bárcena, 2005), en general estos recursos no se han distribuido en forma equitativa; por lo que el gasto social no se ha convertido en una eficaz herramienta de redistribución.

El desafío que enfrentan los países de la región es institucionalizar políticas sociales que aseguren beneficios mínimos garantizables para toda la población. Aunque las políticas de focalización son importantes, no son suficientes para construir sociedades más equitativas en forma estable. Estas políticas han tenido un impacto positivo en el corto plazo, pero de prolongarse mucho en el tiempo, pueden terminar estableciendo un régimen segmentado en la calidad de las prestaciones sociales (educación para pobres y para el resto; salud para pobres y para el resto), lo cual reforzaría desigualdades de trayectorias y de resultados, por más que se busque a través de ellas igualar oportunidades de acceso (CEPAL, 2005).

Las políticas económicas constituyen la variable explicativa más importante, tanto del aumento o disminución de la pobreza como de la mayor o menor equidad en la distribución de los ingresos. El resultado de la aplicación de estas políticas ha sido una mayor concentración de la riqueza, el aumento de la exclusión social, de la desocupación, de la informalidad y de la precariedad del empleo.

1.3. La superación de la fragmentación sociocultural y la violencia

Además del desafío de crecer más y superar las desigualdades, América Latina y el Caribe deben encarar con mayor resolución el tema de la exclusión social, política y cultural de gran parte de su población, particularmente la indígena y afrodescendiente.

La historia de pobreza y desigualdad han conducido a una situación de exclusión social, donde muchas personas que viven en espacios cercanos mantienen diferencias muy marcadas en sus formas de vida. A esto cabe agregar la irrupción de los movimientos indígenas en el escenario político y social, cuyo efecto ha sido dar mayor visibilidad a una “discriminación estructural” sobre esta población que se expresa en marginalidad, exclusión y pobreza.

Esta sociedad polarizada que hace visible de manera sin precedentes la brecha entre ricos y pobres, indígenas y no indígenas, afrodescendientes y blancos, se convierte en un caldo de cultivo para el incremento de la inseguridad y la violencia. Entre los varones, la tasa de mortalidad por homicidios en el conjunto de la región americana era, en el 2000, de 17,8 por cada 100.000 habitantes. Pero al desagregar los datos por subregiones, en América Latina y el Caribe ésta se eleva a 25,1 (OPS, 2005), convirtiéndose en una de las más altas del mundo.

Si bien la desigualdad social no puede ser considerada la única causa del aumento de la violencia, puesto que ella también se asocia a las distintas expectativas producto de las diferencias entre el consumo simbólico y el consumo material, entre nivel educativo y acceso a empleos productivos, entre el deseo de autonomía y la imposibilidad de materializarla, su aumento ha sido tal

1 En muchos países el quintil más rico de la población se beneficia de un porcentaje del gasto social similar al del quintil más pobre. Ver R. Franco (2002).

Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Vol 5, No. 3, pp. 1-21. 2

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que los costos por combatirla se han estimado en cifras que oscilan entre el 7% y 12% del Producto Interno Bruto de la región (Ganuza, 2002)2.

En este panorama de pobreza, desigualdad y violencia social, la mujer se ve doblemente afectada. Por una lado, la pobreza y la desigualdad afectan con más fuerza a las mujeres, especialmente a aquéllas madres jefas de hogar que deben enfrentar mayores dificultades en el acceso al mundo laboral y discriminaciones salariales; y por otro lado, las mujeres son con más frecuencia víctimas de la violencia intrafamiliar y social.

Esta polarización se ve reforzada por políticas públicas que tienden a reproducir la segmentación social originada por la implantación de una política económica basada casi exclusivamente en los beneficios del mercado y en una escasa institucionalidad reguladora por parte del Estado. En el campo específico de la educación, las políticas públicas han tendido a reproducir, si no a incrementar, la segmentación social, ofreciendo a los sectores de menores ingresos una educación de peor calidad que la ofrecida a los estratos medios y altos. Son los sectores de menores recursos quienes, por situación estructural, desertan más, repiten y tienen inferiores resultados en las evaluaciones estandarizadas. Los sistemas educativos, que en el pasado fueron canales de movilidad social y vehículos de integración, se han convertido cada vez más en circuitos segmentados para pobres y ricos, generándose con ello un peligroso circuito de reproducción intergeneracional de la desigualdad.

La pobreza, la inestabilidad y vulnerabilidad de los sectores medios y la erosión de las instituciones de protección social, ha significado una profunda transformación cultural en la sociedad. El entramado social se ha vuelto más frágil, se ha resquebrajado el concepto de comunidad, y ya no se espera una solidaridad vertebrada desde el Estado. Los ciudadanos difícilmente se ven a sí mismos formando parte de un sujeto colectivo, de un “nosotros”, todo lo cual afecta a “nuestras maneras de vivir juntos”, como la UNESCO ha definido a la cultura (UNESCO, 1996b). La exclusión no es sólo del bienestar económico y de las redes sociales, sino de una comunidad de sentidos que concierne más a una manera de vivir juntos que a un asunto de pobreza material. En la actualidad, los riesgos de una sociedad fragmentada otorgan una nueva importancia al tema de la cohesión y de las instituciones que, como la escuela, apuntan a la constitución de lo social.

1.4. La consolidación de una cultura democrática

En este panorama

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