Obligaciones

La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda persona de acceder, por lo menos a una protección básica para satisfacer estados de necesidad.

Es así como la concepción universal respecto del tema ha llevado a cada nación a organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio de este objetivo. En este contexto siempre se concibió al Estado como el principal, si no el único promotor de esta rama de la política socioeconómica puesto que los programas de seguridad social están incorporados en la planificación general de este. Sin embargo, no siempre se logró a través de tales políticas desarrollar e implementar un sistema de seguridad social justo y equitativo, en el cual la persona tuviera la gravitación que amerita. Se suma a ello el vertiginoso avance de la economía mundial. En otras palabras, no hubo un desarrollo paralelo de ambas áreas, condición vital para lograr un crecimiento equilibrado.

El Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el bienestar de los ciudadanos en determinados marcos como el de la sanidad, la educación y en general todo el espectro posible de seguridad social. Estos programas gubernamentales, financiados con los presupuestos estatales, deben tener carácter gratuito, en tanto son posibles gracias a fondos procedentes del erario público, sufragado a partir de las imposiciones fiscales con que el Estado grava a los propios ciudadanos. En este sentido, el Estado de bienestar no hace sino generar un proceso de redistribución de la riqueza, pues en principio, las clases inferiores de una sociedad son las más beneficiadas por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos.

En este Sistema se engloban temas como la salud pública, el subsidio al desempleo, o los planes de pensiones y jubilaciones y otras medidas que han ido surgiendo en muchos países tanto industrializados como en vías de desarrollo desde finales del siglo XIX para asegurar unos niveles mínimos de dignidad de vida a todos los ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios de riqueza y oportunidades.

La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social.

En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal (tiene que alcanzar a todas las personas) para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. Para esto, existen las fuerzas de seguridad (como la policía), que trabajan en conjunto con el Poder Judicial.

Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos y reprimir éstos una vez que están curso. También es función de las fuerzas de seguridad perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será la encargada de establecer los castigos correspondientes de acuerdo a la ley.

En este sentido hay que destacar entidades u organismos de todo el mundo que se encargan de llevar a cabo las acciones pertinentes para lograr que los ciudadanos de una zona o país en concreto estén a salvo de actos delictivos y vivan en armonía. Así, por ejemplo, en México existe un Sistema Nacional de Seguridad Pública que, entre otras cosas, lleva a cabo la distribución de las competencias que los municipios o el propio Estado Federal tienen en esta materia.

En el año 1994 es donde se encuentra el origen de dicho organismo mexicano que establece una política de seguridad pública, regula los procedimientos de incorporación de personas a los cuerpos y fuerzas de seguridad, controla las bases de datos sobre el citado personal y también sobre las estadísticas criminalísticas y ejecuta todas las políticas establecidas en materia de seguridad.

De la misma forma, no hay que obviar que en España a su vez existen diversas entidades que no sólo se encargan de desarrollar políticas y acciones en materia de seguridad pública sino que también acometen el perfeccionamiento de los profesionales que trabajan en dicho área. Este sería el caso, por ejemplo, de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) que a diario acomete la puesta en marcha de talleres, cursos y jornadas técnicas con el claro objetivo de que policías o bomberos, entre otros profesionales, actualicen sus conocimientos y mejoren sus habilidades en pro de una mejor calidad de vida de los ciudadanos del lugar.

Por lo general, las grandes ciudades sufren problemas de seguridad pública, al presentar altas tasas de delitos. En cambio, los pequeños pueblos suelen ofrecer mejores condiciones de seguridad. Esto, en cierta forma, está vinculado a la masividad, ya que los millones de habitantes de una urbe se vuelven anónimos. En los pueblos, es menos probable que una persona pueda delinquir sin que nadie se entere.

La seguridad pública también depende de la eficacia de la policía, del funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas estatales y de las condiciones sociales. El debate respecto a la incidencia de la pobreza en la inseguridad siempre es polémico, aunque la mayoría de los especialistas establece una relación entre la tasa de pobreza y la cantidad de delitos

SEGURIDAD SOCIAL PRIVADA

El seguro privado se inspira en un interés personal inmediato, se funda en un negocio privado, es normalmente voluntario y existe el espíritu de lucro en el asegurador, que generalmente es una persona de derecho privado. Por el contrario, el seguro social satisface un interés social inmediato y da origen a una relación jurídica que, aunque pueda excepcionalmente no ser obligatoria, está íntegramente regulada por la ley. No existe en él una equivalencia matemática de las prestaciones, el asegurador es siempre persona de derecho público, y los beneficiarios sólo pagan una parte de la prima, la que es integrada por aportes de un tercero (patrón o estado).

SEGURIDAD SOCIAL PRIVADA

El seguro privado se inspira en un interés personal inmediato, se funda en un negocio privado, es normalmente voluntario y existe el espíritu de lucro en el asegurador, que generalmente es una persona de derecho privado. Por el contrario, el seguro social satisface un interés social inmediato y da origen a una relación jurídica que, aunque pueda excepcionalmente no ser obligatoria, está íntegramente regulada por la ley. No existe en él una equivalencia matemática de las prestaciones, el asegurador es siempre persona de derecho público, y los beneficiarios sólo pagan una parte de la prima, la que es integrada por aportes de un tercero (patrón o estado).

En Venezuela este sistema es privado y de acceso solamente a las personas

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