Tendencias De La Educación Superior

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

En México hay una preocupación temprana por la evaluación, no correspondida con acciones, disposiciones y planteamientos hechos realidad. En el seno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), desde principios de los años setenta, fueron aprobados dos resolutivos correspondientes al establecimiento de exámenes nacionales para el ingreso de estudiantes a licenciatura, para egresados de la misma, al igual que un centro nacional de exámenes que se abocara a dichas tareas. Los resolutivos nunca se transformaron en un elemento de política educativa real y quedaron, en todo caso, como una muestra de las preocupaciones que campeaban en aquella época, tal como sucedía en el conjunto de países que más habían avanzado en esa materia. Trece años después se da un nuevo impulso a la idea de evaluación; una asamblea nacional de la misma ANUIES es dedicada enteramente a dicho tema; se dan definiciones, se enmarca el asunto de la evaluación en el particular, diversificado y complejo sistema mexicano de educación superior, se deslindan caminos para instrumentar la idea, pero ésta no puede implantarse; era, en todo caso, un tema sólo perteneciente a las instituciones agrupadas en dicha Asociación. Habría que esperar otros años para que la evaluación formase parte de las políticas públicas de la educación superior.

Fue a partir de 1989 cuando un tercer intento llega a reconocer en la evaluación un instrumento fundamental para el mejoramiento de las casas de estudio. En las asambleas de 1990 y 1991, en Cuernavaca y Tampico, que se acuerda “participar decididamente con el Gobierno federal en un proceso de evaluación de la educación superior, tanto para proponer y acordar criterios y formas de evaluación, como para participar en las instancias idóneas de decisión…”. En la segunda de las asambleas se aprobaron lineamientos para la evaluación de la educación superior, los cuales fueron en dirección de crear un sistema nacional en esa materia, para impulsar actividades en las áreas de evaluación institucional, interinstitucional y sobre el propio sistema de educación superior. En un lapso muy breve, escasamente tres o cuatro años, fueron establecidos: una comisión nacional de evaluación, comités de pares académicos, un centro nacional de evaluación de la educación superior y un conjunto de dispositivos y mecanismos tanto a escala del gobierno federal como de las instituciones que veían en la evaluación un instrumento útil en sí mismo para el mejoramiento del sistema de educación superior.

Una muestra de los retrasos que en esa materia se tenían en México, lo da el testimonio de una autoridad universitaria que, en 1991, afirmaba que “no existe en México ningún sistema de acreditación propiamente tal, ya que no se cuenta con una instancia que certifique periódica y sistemáticamente que una institución de educación superior desempeña sus funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura, en condiciones de calidad deseables, previamente establecidas y aprobadas por las universidades. (Chapela 1993)

Aunque las instituciones y mecanismos establecidos después, no han corrido con la misma suerte y ni han tenido el mismo grado de avance, podría decirse que, arrancando tardíamente, pudo descontarse el retraso correspondiente. Hasta la fecha, subsisten, con mucho vigor, instituciones como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) y convirtiéndose la evaluación en un componente esencial para el financiamiento de algunos programas específicos pertenecientes al gobierno federal en los ámbitos de la educación superior.

Una descripción más detallada de lo que sucedió en esos años en materia de evaluación y acreditación, podría ser la referente a afirmar que la evaluación avanzó notablemente en cuatro áreas (alumnos, personal académico, programas de estudio e instituciones), tal y como se enumera a continuación:

3.1. Alumnos: Se establecieron exámenes de ingreso para educación media superior (bachillerato), educación superior (licenciatura) y posgrado. Esta tarea corrió a cargo del CENEVAL, el cual a partir de 1995 ha aplicado tres millones 250 mil exámenes,[iii] concentrándose su actividad en bachillerato o similar con 2.5 millones de exámenes; en licenciatura se alcanzan cifras de alrededor de 600 mil y para posgrado cuatro mil 800.

Es importante mencionar que estos exámenes: a) son de aplicación voluntaria y facultativa en educación superior, en la gran mayoría de los casos, cada institución resuelve la finalidad y grado de obligatoriedad que le otorgará internamente; b) que se paga por ellos y c) que, por primera vez en la historia, las series estadísticas resultantes de la aplicación de los exámenes empiezan a dar señales de cómo se comporta parte del sistema de educación media superior y superior.

También se establecieron exámenes para egresados del nivel superior, en donde se han aplicado 33 mil exámenes hasta la fecha, correspondientes a 68 instituciones y en doce diferentes carreras profesionales. Están pendientes de terminar su diseño, y por ende posterior aplicación, en otras once carreras. Como ya se dijo respecto al examen de ingreso, las instituciones le otorgan la obligatoriedad que sus propios estatutos determinan, alcanzando una aplicación muy alta en los casos en que dicho examen reemplaza a la tradicional tesis profesional, último requisito que debe cumplir una alumno para egresar.

Un efecto adicional que están teniendo estos exámenes es el equivalente a una “certificación de profesionales”. Si bien dicha certificación no está prevista aún en las disposiciones que regulan el ejercicio profesional correspondiente, y la única mención que existe es la de un carácter voluntario, el examen empieza a convertirse en un elemento adicional para concurrir al mercado de trabajo especializado. La proporción de exámenes es aún muy bajo (por ejemplo, cada año egresan alrededor de 100 mil estudiantes), pero las cifras empiezan a crecer muy dinámicamente.

3.2. Personal académico: Desde principios de los años noventa, empezó a darse un programa denominado Carrera Docente del Personal Académico, junto con otro de estímulos de reconocimiento a la calidad, rendimiento y productividad del trabajo académico. Aunque hay programas de carácter institucional, el grueso del financiamiento proviene de recursos federales y estatales. Los recursos se distribuyen en función de las normas de calidad establecidas por cada institución, si bien

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