Propuestas para la buena enseñanza del derecho

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

ESPECIALIZACION EN EDUCACION SUPERIOR

TRABAJO FINAL

“Propuestas para la buena enseñanza del Derecho”

Directora: Lic. Nelly Mainero

Alumna: Marchisone, María Amelia

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“Es cierto, ha perdido el juicio… ¡pero seguramente ha disfrutado la elocuencia de mi alegato!” (Honoré Daummier)

        Los docentes jurídicos, ¿reflexionamos lo suficiente sobre qué profesionales estamos contribuyendo a formar?

        Introducción

        A la luz de investigaciones recientes (Bourdieu, 1991; Kennedy, 2004 y 2007; González, 2008; Lista, 2000; Richard, 2000, entre otros), las universidades no estarían formando profesionales jurídicos reflexivos y críticos comprometidos con el destino de su comunidad y se advierte que crece el descontento social hacia el desempeño de esos “expertos”.  

        Este proceso, generalizable a todas las profesiones y que reconocidos autores han identificado como una verdadera crisis de confianza en aquellas, es explicado como “un creciente escepticismo acerca de la efectividad profesional en el más amplio de los sentidos, una escéptica revalorización de la verdadera contribución al bienestar de la sociedad a través del suministro de servicios competentes basados en un conocimiento especializado” (Schön, 1998:24).

        En palabras de Jorge Mosset Iturraspe, “la credibilidad hacia los personajes sociales, los profesionales, ha descendido enormemente, sorpresiva y peligrosamente y los abogados son parte de esas víctimas de la desconfianza”^[1]. De acuerdo con este prominente jurista argentino, en el caso de los profesionales del Derecho, el mal juicio de la gente es producto del mismo desempeño de los abogados, los cuales han olvidado que “entre los mandamientos de los abogados, está que, en el orden del Derecho Privado, sólo se pueden defender las causas justas y los abogados hemos transado con la defensa de cualquier causa y esto no ha pasado desapercibido a la gente. Entonces, hay abogados al lado de los usureros, abogados al lado de los aprovechadores, de los que sacan ventajas excesivas frente a los vulnerables, a los pobres”.

        Esta percepción social de que el profesional vive en contradicción con los principios y normas que predica se ha generalizado. Los estudios de poblaciones de clientes revelan una creencia ampliamente extendida de que los profesionales cobran en exceso por sus servicios, “ejercen una discriminación en contra del pobre y del que menos poder tiene y a favor del rico y del poderoso, y además rechazan hacerse responsables ante el público” (Schön, 1998:23).

        Las críticas continúan destacando la tendencia de los expertos de aplicar soluciones técnicas jurídicas sin preocuparse por las consecuencias de esa implementación y el impacto que pueden provocar en la sociedad.

        A esta indiferencia por los valores que rigen su conducta, se suma la frustración de la vieja pretensión del monopolio del conocimiento profesional especializado que, se suponía, satisfaría las necesidades de las sociedades. Por el contrario, la realidad aquejada por flagelos como la pobreza, la exclusión social y la marginalidad desafía permanentemente al saber profesional.

        Esta reconocida crisis de confianza en los profesionales exige la urgente reflexión sobre las prácticas educativas que influyen (o determinan) su formación y este es el objetivo central de este trabajo monográfico.

        Actualmente y en la mayoría de las aulas donde se imparten clases de Derecho, no se enseña -ni se aprende- a trabajar desde la incertidumbre de la realidad y a desarrollar la estima por el compromiso moral, la solidaridad con el grupo y la responsabilidad social. A esto se suma que, durante toda la carrera universitaria, prevalece en esos recintos un modelo de sumisión y acatamiento del estudiantado hacia el docente que, luego, los egresados tienden a reproducir en su actuación profesional. Así, frente al notorio e inevitable deterioro de las condiciones sociales de gran parte de la población y a la extendida violación de derechos fundamentales de los miembros de la sociedad, se carece de “expertos” jurídicos que hayan sido formados para participar activamente y trabajar en propuestas de resolución de esos conflictos, o, lo que es peor, estén en condiciones de identificar las acuciantes necesidades de  la sociedad y, en su caso, estén dispuestos a asumir el desafío de superarlas (González, 2008).

        Desde esta perspectiva y según ya fuera adelantado, este trabajo pretende abordar críticamente algunos aspectos de la enseñanza universitaria del Derecho, proponiendo su reformulación en dos cuestiones que parecen fundamentales a la docencia jurídica: la revisión de las prácticas comprometidas en la enseñanza (el cómo se enseña) y la reconfiguración del Derecho como objeto de estudio (el qué se enseña) (Marchisone, 2009).

        Luego, una vez analizadas estas prácticas docentes, se intenta la elaboración de algunas propuestas concretas que, sin pretensiones de universalidad, aporten algunas sugerencias de cómo reformular la docencia jurídica de acuerdo con este nuevo paradigma educativo. Para ello, se pone especial atención en algunas estrategias didácticas, como el estudio de casos, que permitan al estudiante de Derecho una aproximación necesaria a la realidad que constituirá su entorno una vez egresado.

        Para ello, este trabajo se enmarca en un contexto geográfico particular, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales (FICES) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Si bien el diseño original se dirigía al abordaje de la enseñanza jurídica en las carreras de Ciencias Económicas de esa Facultad, la reciente aprobación de las carreras de Ciencias Jurídicas en esa institución universitaria aconseja una necesaria ampliación del plan inicial. Por tal motivo, las reflexiones formuladas se dirigen a la enseñanza del Derecho en general, con algunas referencias particulares a las situaciones de estudiantes de otras carreras, en este caso, Licenciatura en Administración y Contador Público.

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