MODULO 1- DPE APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO

MODULO 1- DPE

APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO

Al abrir el diario usted puede encontrarse con las siguientes noticias:

§ El caso de una joven que pide abortar por malformación del feto Aborto 
§ Repsol, el estado argentino y el Pueblo Mapuche Repsol

Noticias como la reportadas aparecen a diario en los medios de comunicación, y la sensación inmediata que produce es su injusticia y la necesidad de castigo efectivo de sus culpables. Pero basta adentrarse un paso más para caer en la cuenta de la dificultad material y jurídica que implica esta tarea: ¿quién es el afectado por la conducta ilegítima?, ¿quién es el culpable?, ¿puede penarse a la sociedad?, y en tal caso, ¿a quien? y ¿cómo? Las preguntas surgen inmediatamente, incluso desde el perfil jurídico y su innegable necesidad de sanción. 

En la sociedad actual, el “riesgo del desarrollo” es un dato de la realidad que ha producido no solo una elevación de la criminalidad tradicional sino también la aparición de nuevas formas de delincuencia. En efecto, el benéfico desarrollo tecnológico muestra también un costado negativo que –como hemos podido apreciar en las notas precedentes– se pone en evidencia al observar cómo determinadas decisiones humanas en la manipulación de la tecnología puede derivar en verdaderas catástrofes que exceden la lesión individual y pueden llegar a comprometer el futuro de una comunidad.
Frente a estos hechos que afectan intereses difusos debemos plantearnos de antemano si tales derechos, que no le corresponden exclusivamente a un sujeto determinado, son susceptibles de protección penal y si –en caso de existir– tal protección es satisfecha por las clásicos principios del derecho penal que, en esencia, protege bienes jurídicos individuales. criminalidad económica y proceso de expansión del derecho penal 
Como se puede advertir liminarmente, este nuevo ámbito de criminalidad económica –y su consecuente esquema de represión– encuentra marcadas particularidades que le otorgan sus rasgos característicos.
Así, volviendo siempre al caso en cuestión, podríamos preguntarnos: ¿quién es el sujeto pasivo, quién es la “víctima” de este grave hecho?; en definitiva, ¿puede considerarse víctima a la comunidad?; y en tal caso, ¿dónde esta el límite?, ¿qué bienes jurídicos aparecen afectados? los derechos subjetivos y el bien jurídicamente protegido 
Del otro lado de la vereda aparece “el delincuente”... pero realmente ¿”aparece”? ¿Quien es aquel que afecta el bien jurídicamente protegido?, ¿quién contaminó? Basta imaginar una pequeña sociedad para advertir que la mayor parte de las veces la voluntad y la acción no parten de una misma persona. La producción en escala, los esquemas de mando y control hacen que un efecto determinado sea el producto de múltiples voluntades, acciones, omisiones...
¿No podemos identificar al autor de la contaminación? Tal vez la falta de respuesta nos lleve a sostener que “los culpables son todos”. Esta frase nos denota, al menos, una gran dificultad –cuando no imposibilidad– material y jurídica en identificar al/a los autores.
¿Pero podríamos entonces sancionar a la empresa, en este caso Repsol-YPF? Tal vez desde el ámbito del derecho civil la respuesta surja positivamente, pero cabe recordar que estamos en el ámbito del derecho penal, donde la teoría clásica niega a las personas jurídicas todo tipo de responsabilidad, conformándose con la imputación penal de sus directivos.
En el fondo, la “empresa” no es mas que una ficción, o como dice cierta doctrina una “realidad jurídica” manejada por hombres y que actúa a través de sus órganos La empresa y su responsabilidad penal 
¿Deberemos culpar entonces a estos órganos?, ¿a cuáles?
Adviértase que la solución propuesta por el derecho penal clásico se muestra ineficiente, dado que no llega a inhibir completamente este tipo de accionar, al resultar fácilmente eludible por los verdaderos responsables. Se genera, de esta manera, una virtual impunidad del accionar delictivo cometido por y desde el ámbito empresario.

La cuestión se ha puesto realmente dificultosa y si bien sigue latente el “sentimiento de hacer justicia” ya no surge tan claro “contra quién”.
Ciertamente la intervención penal se ha encontrado frente a un tipo de conductas que, por su propia dinámica comisiva y, fundamentalmente, por el medio societario en el que aquellas se desarrollan, resultan complejas de atribuir a una o varias personas físicas determinadas, requisito ineludible para la aplicación de la normativa penal.
Por otra parte, aun admitiendo la posibilidad legal de imputar a las personas que integran los órganos societarios, debe concretarse el reproche penal a conductas que contengan un mínimo de subjetividad. En otras palabras, ¿el hecho de ser Director de Repsol-YPF basta por sí para ser “imputado” por el supuesto delito de contaminación ambiental?; ¿a qué título le será reprochable su conducta y “hasta dónde” podrá exigirse su posición de control o garante?
El Hecho Reprimido 
Ahora bien, hemos hablado de víctimas, responsables y conductas reprochables, bienes afectados... mas no podemos olvidar que todos estos elementos debieran estar tipificados expresamente en la ley positiva a los fines de que pudiese perseguirse legítimamente al/a los autores. En efecto, la “acción típica, antijurídica y culpable” debe respetar el principio constitucional de legalidad.
Mas adelante hemos esbozado cómo el derecho penal clásico pareciera no bastar para solucionar estas cuestiones de mayor complejidad y debiera recurrirse a tipos penales más amplios que logren captarlas. Basta preguntarnos: ¿qué elemento químico es contaminante?, ¿quién determinará a priori su carácter “peligroso”? Tal vez lo mas seguro es que sea un organismo especializado quien indique qué elementos son contaminantes, en qué situaciones, etc. Obviamente, estas precisiones no podrían estar en el tipo legal que deberá integrarse con otras normas... ¿pero es esto posible desde el punto de vista penal?, ¿puede una comisión administrativa “integrar” la letra del tipo legal que ha quedado abierto?
La complejidad verificada ha llevado a cierta doctrina a plantear un “derecho penal mínimo”, dejando al derecho contravencional la persecución de estos delitos más complejos. Pero más allá de analizar su viabilidad cabe preguntarse qué es lo que diferencia a los “delitos” de las “contravenciones”, y además, lo que es más importante en nuestro caso, ¿la eventual distinción solucionaría legítimamente nuestra necesidad de sanción? La Ley Penal 

En nuestra aproximación al “Derecho Penal Económico” seguramente hemos llegado hasta aquí con más dudas que certezas. Tales dudas no se limitan al –aquí esbozado– ámbito de los denominados “delitos ambientales o ecológicos”, sino que se trasladan y multiplican a las diversas áreas de la realidad donde se expresa la criminalidad económica: la elusión tributaria, que corrompe los sistemas fiscales y altera la contribución y distribución del gasto público; los delitos aduaneros y el contrabando, que se enmarcan bajo la denominación de ilícitos tributarios y que exceden el ámbito nacional para “reciclarse” luego en la economía licita a través del flagelo del “lavado de capitales”.
La sociedad actual, definida como sociedad de riesgo y sociedad de consumo, exige además la protecciones de los consumidores y usuarios, eslabones de una “anónima” cadena de “responsables”. 

Tal vez, a esta altura usted puede intentar esbozar un concepto de “Derecho Penal Económico” ayudado por las lecturas sugeridas en el presente módulo, como DPE Concepto, mas los caracteres del mismo irán surgiendo y delineándose del tratamiento de los temas que forman su objeto y se van desarrollando a lo largo del curso. Resta a Ud. no solo su estudio sino, fundamentalmente, su justificación científica y práctica como rama del derecho penal.

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