Derecho Laboral

Derecho agrario guatemalteco

El origen del derecho agrario guatemalteco, surge a través de la

promulgación de la Ley Agraria de 1824, que estableció la venta de tierras a

particulares hasta un máximo de 15 caballerías, originándose de esta manera la

oligarquía terrateniente. Posteriormente a la emisión de esta ley, se promulgó la Ley

Agraria de 1825, misma que dispuso la venta de todas las tierras baldías ocupadas

por pequeños productores, autorizó el arrendamiento a largo plazo de tierras ejidales,

creó los procedimientos para la dotación de tierras ejidales a los municipios,

fomentando la venta de latifundios, puesto que el Estado necesitaba de recursos

económicos después de haberse independizado de la corona española.

Como producto de la independencia, surgieron dos fuerzas, los

Conservadores y los Liberales. Los conservadores eran terratenientes que siempre

abogaron por la protección del Estado y de sus monopolios. La reforma liberal de

1871 dio lugar al enfrentamiento entre Liberales y Conservadores fue durante los

gobiernos de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios cuando se consumó el

despojo más significativo de las tierras indígenas

En el siglo XIX, se introdujo y se desarrollo un nuevo producto de exportación,

que fue el café, alrededor del cual ha girado la economía guatemalteca y

centroamericana, además del cacao y el añil.

Una de las características del café es que necesita de abundante mano de

obra, de grandes extensiones de tierra y capital para invertir en el cultivo, situación

por la cual el sector llamado cafetalero se constituyó en una oposición ante los

gobiernos de turno, ante todo al de Vicente Cerna que protegía los intereses de

terratenientes tradicionales, que no obedecía los requerimientos de los cafetaleros.

Los cafetaleros impusieron un movimiento armado que triunfó el 30 de junio de

1871, siendo sus caudillos Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, surgiendo

el período liberal, calificado por algunos de modernización y para otros un nuevo y

mayor ciclo de explotación, de trabajo forzado, el servicio en fincas y obras públicas.

Con el auge del café surgió la mercantilización de la tierra, situación que hizo

necesaria la creación del Registro General de la Propiedad Inmueble.

Como consecuencia de este fenómeno, muchas tierras comunales indígenas

pasaron a personas interesadas en el cultivo del café, la mayoría eran ladinos, las

tierras comunales fueron declaradas incultas y llevadas a subasta pública,

mecanismo que sirvió para desalojar tierras utilizadas por las comunidades

indígenas.

La legislación sobre tierras emitida en Guatemala antes de 1877 en términos

generales tenía una tendencia marcadamente agrarista, la cual regulaba un sistema

económico y político colonial con fuertes resabios feudales. El 15 de septiembre de

1877, mediante el Decreto 175, el gobierno de Justo Rufino Barrios puso en vigencia

el primer Código Civil del país. En este cuerpo normativo se establecen las bases

jurídicas fundamentales del régimen de propiedad, el cual responde a la ideología de

la propiedad privada individual y a la concepción mercantilista del valor de la tierra,

sin ninguna consideración de tipo social, cultural y ambiental.

Es en el libro segundo de dicho código en donde bajo el epígrafe “De las

cosas, del modo de adquirirlas y de los derechos que las personas tienen sobre

ellas”, se establece el eje jurídico estratégico que ha determinado el carácter del

sistema jurídico nacional. Es decir, que a partir de la promulgación del código civil,

se vino dando un proceso de abandono de la naturaleza agrarista de la legislación.

Sin embargo, las dificultades de interpretación y aplicación de la legislación civil a la

propiedad rural obligaron al gobierno a emitir un conjunto de decretos para regular

las relaciones agrarias, dentro de los que se destaca el Decreto Gubernativo número

483 del 9 de febrero de 1894, a través del cual se promulga la primera ley que se

identifica como “Ley Agraria”. En la parte considerativa de esta ley se contemplan

como fines de la misma los siguientes: Facilitar la adquisición de terrenos baldíos y

ejidos; reformar las leyes vigentes sobre dicha materia, establecer un catastro

general que exprese la extensión de cada departamento y limitar la extensión de la

tierra a otorgar a cada persona. En esta ley se crea un “Cuerpo de ingenieros

topógrafos oficiales”; se fija la extensión a adjudicar en 15 caballerías y se

establecen

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