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Presidente Juárez

Generación de la reforma y la separación de la iglesia

La forma en como entendemos y abordamos el tema nos hace indispensable recurrir a la historia, al entendimiento de los hechos del pasado, que en gran medida son los precursores de nuestro estado moderno.

La concepción del Estado laico ha sido uno de los postulados fundamentales de nuestra organización política y norma de convivencia indispensable para la sociedad mexicana.

La concepción del actual estado encuentra sus raíces en diversos pasajes de la historia y de diversos personajes; entre ellos, el de Benito Pablo Juárez García.

Era tal la inquietud de Juárez por aprender y la decisión de trazar su propio destino lo que lo impulsó a transformar su realidad y a sobreponerse a los obstáculos impuestos por una sociedad excluyente, en la que un individuo como Juárez difícilmente podía aspirar a sobresalir en el México del siglo XIX debido a su origen indígena y pobre.

Juárez fue ascendiendo paulatinamente los distintos niveles de la política local, gracias a su capacidad y destreza para los asuntos públicos, hasta convertirse en gobernador de Oaxaca (octubre de 1847 y agosto de 1852). Sus ideas liberales y la abierta oposición al general Antonio López de Santa Anna le acarrearon a Juárez serias dificultades por lo que, en mayo de 1853, fue aprehendido y expulsado del país. Fue directo a Cuba y de ahí se trasladó a Nueva Orleáns.

Y es Nuevo Orleans, dónde al reunirse con otros liberales mexicanos desterrados, apoya la causa del Plan de Ayutla encabezado por el general Juan Álvarez, para derrocar a Santa Ana quien por enésima vez asumiría la presidencia.

En julio de 1855 tras la victoria sobre Santa Ana, los desterrados vuelven a México. El general Juan Álvarez, quien al ocupar la presidencia de México nombra a Juárez ministro de Justicia e Instrucción Pública.

Este nombramiento es muy importante pues es bajo su tutela, dónde Juárez da inicio a las Leyes de Reforma, bajo la expedición de la ley sobre Administración de Justicia, mejor conocida como Ley Juárez, que ordenaba suprimir los fueros eclesiástico y militares. El contexto en el que surgió esa ley marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de México, en la que por la vía de las leyes se buscaba modernizar a la sociedad en todos los sentidos: político, económico, educativo y cultural.

La Ley Juárez, suprimió los tribunales especiales, con excepción de los eclesiásticos y militares a los que les quitó competencia en los negocios civiles, dejándoselas, sólo en materia de delitos comunes de los sujetos a su respectivo fuero (art. 42); estableciendo la renunciabilidad del fuero eclesiástico en lo relativo a delitos comunes (art. 44).

Estos dos artículos emprendían el desmantelamiento de la sólida y vetusta estructura teocrático-militar que había dominado el país desde el establecimiento de la Colonia, apoyada en dos principios inadecuados, superlativamente injustos: intolerancia religiosa y trato privilegiado al clero y al ejercito (religión y fuero). Y es ante la ingenuidad insurgente, quien a través del Plan de Iguala legitiman su actuar. Pues es en el plan de Iguala, donde se decreta que la religión católica, es la religión imperante en la Nueva España y que aunado a eso, se formaría el ejercito de las tres Garantías, quien tendrían como tarea la protección y conservación de la religión católica.

Es este mismo principio que el Acta Constitutiva de la Federación de enero de 1824 recoge. Y así van pasando intactos estos principios de intransigencia y privilegio, de una constitución a otra.

Principios cobijados bajo la legitimidad de la Carta Magna, pero impuestos por los monarquitas, aplaudidos por los centralistas, aclamado por los conservadores, bendecidos por los obispos, temidos por los liberales. En el artículo 3.- y 154.- constitucional se depositaban tales principios.

La ley Juárez quien tan sólo dedica dos de sus setenta y siete artículos a la cuestión del fuero, derrumba uno de los pilares de la hegemonía religioso-militar, que propicia que la Constitución de 1857, se abstenga de tratar el tema religioso.

Aunque la Ley Juárez fue el arranque, inmediatamente después que ésta se promulgara se expidieron otras leyes con el mismo espíritu reformista y también de importantes efectos: la Ley Lafragua, de diciembre de 1855, que reglamentó la libertad de prensa y eliminó las restricciones santannistas que en este ramo se habían hecho; la Ley de Desamortización de Bienes Eclesiásticos o llamada también Ley Lerdo, de junio de 1856, por la cual entraron a la circulación económica los bienes de la Iglesia o de “manos muertas”, aunque dicho ordenamiento provocó efectos inconvenientes para los municipios y las comunidades indígenas; la Ley Iglesias, de abril de 1857, de obvenciones parroquiales, que suprimió el pago obligatorio de sacramentos como bautismos, amonestaciones, casamientos y entierros. Se expidieron también dos decretos, que restablecieron medidas pre-reformistas; de abril de 1856, que derogó otra vez cualquier coacción civil para el cumplimiento religioso de los votos.

Contra estos ordenamientos reformistas, como después contra la Constitución de 1857 y las leyes del gobierno de Juárez, los conservadores sostuvieron una tenaz oposición que se llevó incluso al terreno de las armas. La iglesia, por su parte, auspició siempre a la oposición conservadora; el propio papa Pío Nono declaró los dispositivos legales y constitucionales reformistas “írritos y sin valor alguno”.

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